El Gobierno nacional se prepara para presentar una reforma jubilatoria mientras el proyecto de ley de movilidad, que contemplaba un aumento del 7,2% para los jubilados, quedó trunco tras el veto ratificado por la Cámara de Diputados.
La ley de movilidad quedó trunca
“El veto fue ratificado por la Cámara de Diputados, por lo que este proyecto de ley ya no se puede tratar durante el año”, explicó María Silvia Rapisarda, abogada previsionalista. Este proyecto contemplaba:
- Aumento del 7,2% en las jubilaciones
- Incremento del bono a 110.000 pesos, que posteriormente se actualizaría según el IPC
- Regularización de moratorias y pagos atrasados
“Los jubilados enfrentan una pérdida acumulada del 21% al 24% entre 2021 y 2024, y esta ley buscaba compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo”, agregó.
El bono, que hoy está congelado en 70.000 pesos, tampoco se incorporará al haber, y el aumento previsto no se concretará.
Reforma jubilatoria: los puntos que se empiezan a conocer
Según Rapisarda, la reforma que prepara el Gobierno incluirá medidas como:
- Aumento de la edad jubilatoria y homogeneización de los regímenes especiales (docentes, judiciales, minería, investigación, construcción, entre otros)
- Introducción de una jubilación proporcional, donde se podrían cobrar beneficios con un mínimo de 10 años de aporte, ajustando el cálculo sobre la totalidad de los años trabajados
- Eliminación de moratorias
- Ahorro individual obligatorio y prohibición de cobrar doble beneficio (jubilación y pensión)
- Adecuación de las cajas provinciales, con enfoque en financiamiento tributario
Rapisarda enfatizó: “Si las personas están en un régimen especial y postergan su jubilación, mi consejo es que se jubilen hoy, porque los derechos adquiridos podrían cambiar”.
Impacto en personas con discapacidad
En paralelo, la ley de emergencia para personas con discapacidad fue aprobada y pasará al Senado. Esta ley busca actualizar pagos a prestadores para garantizar sostenibilidad de servicios, evitar la interrupción de tratamientos por desfinanciamiento y mantener los derechos a salud y educación, fundamentales para la plena integración de las personas con discapacidad.
Rapisarda subrayó que el retraso en financiamiento puede generar crisis financieras en instituciones educativas y terapéuticas, pérdida de personal especializado y afectación directa al desarrollo de las personas con discapacidad.
Contexto y desafíos del sistema previsional
La abogada explicó que los cambios no son aislados: “El mundo enfrenta un envejecimiento poblacional y una menor población activa, lo que tensiona los sistemas de seguridad social”.
En Argentina, Rapisarda consideró que el problema radica en la falta de reglas claras y sostenibles: los sistemas funcionan si el Estado garantiza rentabilidad y normas transparentes, evitando que los costos sociales recaigan sobre los jubilados actuales o futuros.
Contacto de la especialista:
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