Esteban Eduardo Covarrubias, proveedor del Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE) del Gobierno provincial, fue imputado este miércoles por “adulteración culposa de alimentos destinados a una colectividad de personas”. La acusación está vinculada al caso de los 64 niños intoxicados en dos escuelas de la ciudad de San Luis.
64 alumnos afectados
Durante una audiencia en el Juzgado de Garantía Nº 4 de la primera circunscripción, a cargo de la jueza Luciana Banó, la fiscal adjunta Alejandra Quiroga Nassivera detalló que la investigación comenzó tras un episodio ocurrido el 14 de marzo de este año. Ese día, varios alumnos de la Escuela Pancha Hernández sufrieron vómitos y diarrea después del almuerzo escolar provisto en el marco del PANE.
Al llegar al Hospital del Sur, el personal médico advirtió que niños de la Escuela La Rioja presentaban el mismo cuadro. Ante esta situación, intervino el área de Epidemiología del Ministerio de Salud.
Los análisis de las muestras de los alimentos servidos —arroz con pollo y menú para celíacos— confirmaron la presencia de salmonella. Los especialistas indicaron que los síntomas coincidían con los efectos de la bacteria detectada.
Según la fiscalía, los alimentos se entregaron en conservadoras a media mañana y se repartieron en las aulas para consumo inmediato. Como resultado, 64 alumnos de entre 4 y 11 años resultaron afectados. Todos recibieron atención médica y fueron dados de alta el mismo día.
Reclamo de controles municipales
Los informes de Sol Puntano SAPEM confirmaron que Covarrubias había sido el proveedor de la comida en ambos establecimientos.
El bloque Justicialista del Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis —integrado por Alejandro Cordido, Gastón Témoli, Julieta Ponce, Paulina Calderón, Agustina Gatto y Juan Divizia— se constituyó como querellante, representado por las abogadas Estrella Marín y Fernanda Pereyra Jamenson. Las letradas explicaron que los concejales participan en la investigación penal en su carácter de representantes electos, en defensa de los intereses de la comunidad.
Adhirieron a la imputación formulada por la fiscalía, pero pidieron ampliar la investigación hacia funcionarios municipales. Argumentaron que la Municipalidad omitió controles bromatológicos y señalaron que la normativa vigente impone al municipio obligaciones expresas en materia de control alimentario. Solicitaron que se evalúe la responsabilidad del intendente y de las autoridades de Bromatología.
En la audiencia también intervino el Defensor de Niñez y Adolescencia Nº 1, Sebastián Privitera, quien respaldó la acusación.
La defensa y la resolución de la jueza
Los abogados de Covarrubias, Guillermo Levingston y Roberto Estevez, cuestionaron la acusación y aseguraron que la causa carece de pruebas suficientes. Levingston calificó la imputación como “una caza de brujas”.
Tras escuchar a las partes, la jueza Banó señaló que, aunque no se acreditó en la audiencia si el imputado contaba con habilitación específica ni si se realizaron los controles bromatológicos, la presencia de salmonella en los alimentos —respaldada por informes técnicos— encuadra en la figura de adulteración prevista en el artículo 200 del Código Penal. Recordó que el artículo 203 contempla la modalidad culposa.
La magistrada entendió que la formulación de cargos cumplía con los requisitos legales y la dio por admitida. Dispuso las medidas de coerción solicitadas por la fiscalía: firma mensual en el libro de imputados y prohibición de salir de la provincia durante tres meses. También ordenó notificar a la Municipalidad de San Luis para que tome conocimiento de la causa.
