El Gobierno nacional oficializó la distribución de las partidas del Presupuesto 2026 y estableció nuevas reglas para la asignación de cargos públicos, con un esquema más estricto de control sobre el uso de fondos y la administración del empleo estatal.
Alcances de la normativa
La medida reglamenta la Ley N° 27.798 y define el reparto de créditos y dotaciones para todos los organismos de la administración nacional.
Los montos asignados, tanto para gastos corrientes como para gastos de capital, quedaron detallados en anexos oficiales que forman parte de la normativa.
Mayor poder de control del jefe de Gabinete
Uno de los cambios centrales es la concentración de facultades en la Jefatura de Gabinete, que podrá desagregar los créditos presupuestarios hasta el nivel más específico de partidas y programas.
El objetivo es reforzar el control sobre la ejecución del presupuesto en cada área del Estado.
Nuevas reglas para cargos públicos
Restricciones en el empleo estatal
Toda cobertura de vacantes deberá contar con:
- Certificación previa de disponibilidad presupuestaria.
- Acreditación de inexistencia efectiva del cargo.
Las modificaciones en cargos ejecutivos requerirán la intervención de las secretarías de Transformación del Estado y Hacienda, con aval final del Presidente.
Empresas públicas y transferencias al Tesoro
El financiamiento de las empresas públicas no financieras deberá canalizarse de forma exclusiva a través del Tesoro Nacional.
Los pagos quedarán sujetos al cumplimiento de los requisitos legales y administrativos vigentes.
Además, se estableció un esquema de transferencias al Tesoro en cuatro cuotas anuales durante 2026.
Seguimiento de personal y control del gasto
Cada organismo deberá informar de manera trimestral la evolución de su plantilla y justificar cualquier modificación antes de recibir autorización.
El esquema incluye un régimen de créditos indicativos, que habilita ajustes en determinadas partidas a lo largo del ejercicio, y autorizaciones especiales para gastos vinculados a inteligencia.
Obras públicas y compras
Las obras públicas y la adquisición de bienes de uso solo podrán avanzar con dictamen técnico favorable.
El sistema de seguimiento de programas se endureció, con la posibilidad de frenar pagos ante incumplimientos reiterados en la rendición de información.
