La empresa fueguina Aires del Sur (ADS), fabricante de aires acondicionados de las marcas Electra y Fedders, solicitó este miércoles su quiebra ante la Justicia al declarar un estado de cesación de pagos “generalizado e irreversible”. La presentación fue realizada por su presidente, Roberto Ángel Ceretti, y se fundamenta en el colapso financiero y el fracaso de un plan para sostener la actividad productiva en su planta de Río Grande, Tierra del Fuego.
Crisis financiera y modelo inviable
La compañía argumentó que atraviesa una crisis estructural derivada de un esquema de financiamiento que terminó por desbalancear sus cuentas.
Según la presentación judicial, la operatoria habitual consistía en vender equipos en preventa mediante cheques diferidos. Esos documentos eran descontados para obtener liquidez y comprar insumos importados. El problema radicó en el costo financiero: mientras los intereses anuales se ubicaban entre el 25% y el 30%, la rentabilidad neta del negocio oscilaba entre el 10% y el 15%.
La brecha entre costos y márgenes volvió inviable la operación, especialmente en un escenario de mercado adverso que se profundizó desde 2023.
Desde noviembre de 2025, el directorio de ADS mantuvo conversaciones con la firma china Chigo Group para concretar la venta total de la empresa o, alternativamente, transferir entre el 50% y el 80% del paquete accionario.
El eventual acuerdo contemplaba una inversión mínima de USD 5 millones destinada a capital de trabajo y compra de acciones. Además, se preveía reemplazar el financiamiento local por crédito de proveedor a 150 días y enviar desde China entre 7.000 y 14.000 kits mensuales para reactivar la producción en la planta fueguina.
Sin embargo, la compañía extranjera condicionó el avance a nuevas evaluaciones presenciales. La actual conducción consideró que los plazos eran incompatibles con la urgencia financiera, por lo que decidió avanzar con el pedido de quiebra.
Plan productivo rechazado por la Justicia
Antes de solicitar la quiebra, ADS presentó un Plan de Continuidad Productiva Controlada. La propuesta incluía finalizar 4.000 kits ya importados y utilizar los ingresos para cancelar una deuda cercana a USD 500.000 con un proveedor, pagar salarios pendientes y constituir un fondo indemnizatorio.
El proyecto contemplaba supervisión judicial y control sindical. No obstante, el juzgado interviniente rechazó la iniciativa el 19 de febrero, lo que dejó a la empresa sin alternativas para sostener la actividad.
La situación generó tensión en la planta de Río Grande, donde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) realizó reclamos ante la falta de certezas sobre la continuidad laboral y el pago de salarios adeudados.
De acuerdo con la documentación judicial, los 140 empleados fueron desvinculados en el marco del proceso.
Fuentes del sector y un proveedor señalaron irregularidades en la gestión anterior, con denuncias sobre presuntas maniobras de vaciamiento. Desde la actual conducción atribuyen el deterioro financiero a pérdidas estructurales heredadas.
Activos, pasivos y patrimonio declarado
En su presentación, ADS puso a disposición como principales activos:
- La planta industrial en Tierra del Fuego, valuada por el Banco Nación en más de USD 15 millones al tipo de cambio oficial.
- 4.000 kits almacenados en el puerto de Buenos Aires, con un valor estimado cercano a USD 2 millones como productos terminados.
La empresa sostiene que el valor de esos bienes supera ampliamente el pasivo total, incluidos los créditos laborales, y que la quiebra es la vía legal adecuada para preservar el patrimonio y resguardar a los acreedores.
Un escenario adverso para la industria fueguina
El pedido de quiebra de Aires del Sur se inscribe en un contexto complejo para la industria manufacturera argentina y, en particular, para el régimen de promoción de Tierra del Fuego.
La reducción de aranceles, la mayor apertura comercial y los altos costos financieros impactaron en la competitividad del sector. En los últimos meses, varias plantas industriales anunciaron cierres, suspensiones o reestructuraciones.
Mientras el Gobierno mantiene herramientas de incentivo, el esquema productivo de la isla atraviesa un proceso de redefinición que obliga a las empresas a revisar sus estrategias.
