En el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, cuatro altos mandos de la Armada Argentina se manifestaron inocentes y rechazaron las acusaciones en su contra. El viernes declaró el último de los imputados, el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, quien sostuvo que no tenía responsabilidad directa en las condiciones operativas de la nave ni en las decisiones finales sobre navegación.
El descargo de Correa
Correa se desempeñó entre marzo y noviembre de 2017 como Jefe del Departamento de Operaciones, Jefe de División Operaciones, Jefe de Cargo de Navegación, Jefe de Comunicaciones y Jefe de la Central de Comunicaciones de Submarinos (CENCOMSUB) del Comandando de la Fuerza de Submarinos (COFS).
Calificó de «falsas« las acusaciones en su contra y aclaró que, como jefe de operaciones, «no estaba en la línea de comando, no puedo darle órdenes al submarino«. Insistió en que «no es una tarea mía el control de las tareas de mantenimiento«.
Sobre el estado del buque, declaró: «El comandante es el que decide junto a la plana mayor si el buque está operativo. Y el buque estaba operativo, apto para la navegación«.
La mirada de la querella
Para la abogada Valeria Carreras, que representa a 34 familias de las víctimas y es la querella mayoritaria, los imputados podrían estar amparándose en el principio de «obediencia debida«. Explicó que todos los acusados «recitaron« parte de reglamentos de la Armada donde constan sus acciones dentro del marco de «cumplir órdenes y reglamentos«.
Carreras comparó lo ocurrido con los primeros meses después de la tragedia: «Es un déjà vu del primer año del trágico hundimiento del ARA San Juan, la mentira era la única información a las familias. En esta ocasión los imputados reiteran que el submarino estaba en buen estado, que tenían todo lo necesario, insisten en que no había problema alguno a bordo».
La comunicación entre Correa y Villamide
En el debate se hizo foco en una comunicación telefónica entre Correa y el capitán de navío destituido Claudio Villamide —también acusado— del 14 de noviembre de 2017 a las 23.45. Correa dijo que era habitual un llamado a su celular «cuando había problemas«.
La versión de Villamide
Al declarar, Villamide defendió el estado operativo del buque al sostener que se encontraba en buenas condiciones de navegación. «El submarino cumplió las normas y los requisitos reglamentarios establecidos para hacerse a la mar. Es falso que no estaba en condiciones de navegar«, declaró ante el Tribunal Oral Federal en Río Gallegos.
«Ni la tripulación ni nadie en el Estado Mayor, ni nadie en la Armada consideraba que el San Juan no podía navegar. No había papeles que dijeran que no podía navegar», afirmó.
Sobre el momento del hundimiento, precisó: «Tenemos un vacío de información alrededor de las 8:45 hasta 10:51, donde se desencadenó algo que provocó la incapacitación parcial o total de la tripulación y la pérdida de control del submarino«. Explicó que por alguna causa que hasta hoy se desconoce, la tripulación perdió el control de la profundidad y el submarino se fue a pique hasta alcanzar los 907 metros de profundidad, donde colapsó. «La realidad es que no sabemos qué pasó«, admitió.
Presiones de la Armada
Carreras también denunció lo que consideró una «injerencia y presión de la Armada, muy llamativa». Explicó que durante la instrucción de la causa, personal de la Armada acompañaba a los testigos a declarar a la sede judicial en Caleta Olivia. Y ahora en el juicio, estuvo presente el auditor de la Armada, el Dr. Lorenzo, quien fue comisionado para presenciar las audiencias, algo que la querellante calificó como «presión lisa y llana«.
Balance positivo pese a todo
A pesar de las críticas, Carreras hizo un balance positivo del proceso: «El juicio oral vuelve a mostrar quién es quién y de qué lado está cada actor de la sociedad. Para lo que atizan la crítica de falta de una pericia, recordamos los múltiples casos de condenas sin cadáver. No olvidamos que se juzga a hombres de la fuerza que fue capaz de bombardear civiles en 1955 y de callar aún el destino de los nietos. Frente a todo este escenario, para esta querella vale la pena el juicio oral y público. Vale la pena el esfuerzo físico, económico y personal de asistir a Río Gallegos«, concluyó.
