A casi dos años de las primeras transferencias de lingotes al exterior, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa sin permitir que la Auditoría General de la Nación (AGN) realice un control completo sobre el destino del oro. Pese a una orden judicial que exige brindar información, el organismo presidido por Santiago Bausili mantiene restricciones que, según los auditores, hacen imposible avanzar con la investigación.
La situación fue discutida nuevamente en la última sesión del organismo de control, donde los auditores señalaron que no hubo avances ni respuestas concretas por parte del BCRA respecto al pedido de documentación y detalles sobre la ubicación de las reservas enviadas al extranjero.
Conflicto entre el Banco Central y la Auditoría
Desde que la AGN solicitó la información para realizar la auditoría, el Banco Central adoptó una postura que, según los técnicos del organismo de control, obstaculiza el proceso.
Por un lado, la entidad monetaria no entregó documentación clave para evaluar las operaciones, como actas internas, dictámenes o expedientes relacionados con el traslado de los lingotes.
Por otro, el Central argumentó que gran parte de la información tiene carácter confidencial, lo que impide su difusión o copia. Incluso, la única alternativa ofrecida a los auditores fue revisar los archivos desde computadoras del propio organismo, sin posibilidad de fotografiar, copiar documentos ni tomar notas.
Para la AGN, esas condiciones vuelven inviable el trabajo técnico, ya que una auditoría requiere registrar evidencia documental que respalde las conclusiones del informe.
Cuatro transferencias de lingotes al exterior
Según registros oficiales analizados por la Auditoría, se identificaron al menos cuatro envíos de oro realizados durante 2024:
- 18 de junio de 2024
- 2 de julio de 2024
- 31 de julio de 2024
- 13 de agosto de 2024
En cada operación se trasladaron 250 lingotes de oro, lo que representa una parte significativa de las reservas internacionales administradas por el Banco Central.
Sin embargo, cuando los auditores solicitaron los contratos vinculados a esas operaciones, el organismo respondió que no existe ningún acuerdo formal registrado.
En comunicaciones internas, el BCRA sostuvo que no hay contratos de colocación de lingotes con el Banco de Pagos Internacionales (BIS) ni con otros depositarios en el exterior, ni actualmente ni al cierre del ejercicio 2024.
Intervención del Congreso y la Justicia
Ante la falta de respuestas, la conducción de la AGN —entonces encabezada por Juan Manuel Olmos— elevó el caso a la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas del Congreso, que decidió impulsar acciones legales.
Posteriormente, el 22 de diciembre del año pasado, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central que responda los pedidos de acceso a la información pública vinculados al traslado del oro.
Con la reciente designación de los nuevos auditores, la AGN recuperó sus facultades plenas y podría impulsar nuevas medidas judiciales para obligar al Central a permitir la auditoría.
Los técnicos del organismo de control señalan que el argumento de confidencialidad no debería impedir el proceso. Según explican, la AGN ha trabajado en numerosas ocasiones con documentación sensible, incluso en auditorías relacionadas con la compra de vacunas durante la pandemia de COVID-19.
Además, recuerdan que en 2024 se aprobó un informe sobre los procedimientos del Banco Central para la administración de las reservas internacionales, donde el organismo sí facilitó toda la información solicitada.
Un conflicto que sigue abierto
La disputa entre el Banco Central y la Auditoría General de la Nación mantiene en suspenso la posibilidad de verificar el destino de los lingotes enviados al exterior. Aunque existe una orden judicial para garantizar el acceso a la información, hasta el momento no se produjo un avance concreto que permita realizar el control técnico completo.
Con los nuevos auditores ya en funciones y el respaldo de la Justicia, el caso podría escalar nuevamente en los próximos meses y derivar en nuevas acciones legales para esclarecer la gestión de las reservas de oro del país.
