El Ministerio Público Fiscal (MPF) sostiene que Florencia Magalí Morales se suicidó en la Comisaría N°25 de Santa Rosa del Conlara, el 5 de abril de 2020, pero que la muerte es imputable a los policías procesados.
Así lo expusieron los fiscales en la extensa audiencia que se desarrolló este lunes en el Juzgado de Garantía N°1 de la tercera circunscripción, con sede en Concarán, donde se formularon cargos contra cuatro exefectivos de la fuerza de seguridad.
El MPF imputó al subcomisario Heraldo Reynaldo Clavero, al oficial principal Marcos Dionisio Ontiveros, a la sargento ayudante María Eugenia Arguello y a la oficial Victoria Johana Paola Torres, a quienes se les atribuyen distintos delitos vinculados con la detención y muerte de Morales.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los dos uniformados y restricciones para las mujeres. El juez Nicolás Coppola hizo lugar a ambos pedidos.
Las medidas dispuestas
Clavero y Ontiveros fueron enviados al Servicio Penitenciario Provincial por un plazo de 90 días mientras continúa la investigación. A ambos se los investiga por ser presuntos autores de los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura seguida de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Arguello, en cambio, fue imputada por omisión de denunciar torturas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión o retardo de actos de oficio, mientras que Torres lo fue por omisión de denunciar torturas y omisión o retardo de actos de oficio. A ambas se les impusieron como medidas cautelares:
- Prohibición de salir de la provincia y del país.
- Restricción de acercamiento y prohibición de contacto con familiares de la víctima.
- Firma periódica en el libro de la comisaría más cercana a sus domicilios.
La teoría del caso
La teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal sostiene que la muerte de Morales fue la consecuencia directa de una serie de decisiones ilegales, abusivas y omisivas adoptadas por personal policial ese día, en el contexto de las restricciones sanitarias vigentes por la pandemia de COVID-19.
Según la narración fiscal, los hechos configuraron un proceso de privación ilegal de la libertad, violencia institucional y tortura psicológica que culminó con el suicidio de la víctima dentro de una celda policial.
El día de la detención
El domingo 5 de abril de 2020, entre las 9:00 y las 19:30, Morales, de 39 años, salió de su domicilio en Santa Rosa del Conlara y se dirigió en bicicleta hacia la comisaría local. Su intención era encontrarse con un conocido, un cabo de ese destacamento.
Frente a la dependencia policial se desarrollaba un operativo de control por las restricciones de circulación establecidas por el Decreto Provincial 1823/2020, que regulaba la salida de personas según la terminación del número de DNI.
Clavero, que realizaba tareas de control, le ordenó detenerse por una infracción de tránsito. Según la fiscalía, Morales no acató la orden, respondió de manera desafiante y continuó su camino hasta ingresar a la comisaría.
La detención arbitraria
Quince segundos después, Clavero ingresó al edificio policial y ordenó que se tomaran los datos de Morales y que quedara demorada, porque lo había insultado en público. Una vez dentro, se verificó que el DNI de la mujer terminaba en número impar, lo que implicaba que ese día no debía circular según la normativa sanitaria.
En base a ello, el jefe policial decidió iniciar una causa penal por presunta infracción al artículo 205 del Código Penal, que sanciona el incumplimiento de medidas sanitarias. Como ejemplo de la arbitrariedad del procedimiento, el Ministerio Público señaló que otro ciudadano que se encontraba en el mismo lugar, con DNI también terminado en número impar, no fue detenido ni demorado.
El traslado al hospital
A las 9:35, el comisario ordenó trasladar a Morales al hospital local para realizar la revisión médica de rutina previa al alojamiento en celda. La mujer se resistió, lo que generó un forcejeo en el que intervinieron varios policías, entre ellos Ontiveros.
Durante ese episodio, uno de los agentes recibió un rasguño en la mano. A partir de ese incidente, a la imputación inicial se sumaron los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves.
La fiscalía sostiene que esa reacción de Morales fue consecuencia directa de una detención arbitraria y que el nuevo cargo fue utilizado como argumento para justificar el accionar policial previamente decidido.
Las condiciones de encierro
A las 9:39 fue trasladada al hospital, donde fue examinada por la médica Daniela Fogel a las 9:45. El informe indicó que Morales estaba molesta por la situación, pero no presentaba signos de violencia ni alteraciones que justificaran sedación.
Tras regresar a la comisaría a las 9:56, Morales quedó alojada en la oficina de guardia. Poco después, por orden del comisario, las agentes Torres y Arguello la trasladaron a una celda donde se le realizó una requisa y se le retiraron objetos personales, entre ellos los cordones de sus zapatillas y las llaves de su casa.
La fiscalía describió las condiciones de la celda como extremadamente precarias: un espacio de aproximadamente dos por tres metros, sin iluminación artificial, con un pequeño ventiluz en altura, sin mobiliario y con el piso sucio.
Los gritos y pedidos de auxilio
Desde ese momento, según múltiples testimonios, Morales comenzó a gritar y reclamar que la dejaran salir. Manifestaba preocupación porque sus hijos menores habían quedado solos en su casa.
Testigos presenciales y detenidos declararon que durante toda la jornada la mujer lloró, gritó y pidió asistencia médica. Varias personas señalaron haberla escuchado decir que le faltaba el aire y que le dolía la espalda o el cuello.
Un ciudadano que fue llevado momentáneamente a la comisaría relató haber escuchado esos pedidos de auxilio. La imputación sostiene que, pese a esos reclamos reiterados, Morales no fue trasladada nuevamente al hospital ni recibió atención médica.
El silencio repentino
Durante la tarde, una amiga de Morales acudió en dos oportunidades a la comisaría. Primero le llevó comida y agua, y luego una mochila con ropa y elementos de higiene, ya que la detenida había manifestado que estaba menstruando.
Cerca de las 18:30, Morales continuaba gritando y pedía asistencia médica. La agente Torres informó la situación a Arguello, quien a su vez lo comunicó al comisario Clavero. La respuesta fue que ya la trasladarían más tarde.
Un detenido que se encontraba en el patio interno declaró que en determinado momento los gritos cesaron repentinamente. Cuando se lo comentó a Clavero, el comisario respondió con un gesto que evidenciaba alivio porque la mujer ya no gritaba.
El hallazgo del cuerpo
Entre las 19:00 y las 19:30, la agente Arguello se dirigió a la celda para verificar la situación. Al intentar abrir la puerta encontró resistencia y, tras lograr entreabrirla, observó parte del cuerpo de Morales.
Se convocó a Clavero y a otros efectivos, quienes ingresaron a la celda y encontraron a la mujer en el suelo. Ontiveros comenzó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Personal del hospital llegó poco después y constató que la víctima ya no tenía signos vitales.
Posteriormente se realizaron varias autopsias y una exhumación del cuerpo. Los especialistas en criminalística concluyeron que el surco en el cuello era compatible con una asfixia mecánica por ahorcamiento sin intervención directa de terceros.
La imputación fiscal
«Florencia Magalí Morales se suicidó, pero esta muerte es imputable a Clavero y Ontiveros, toda vez que ese suicidio fue la consecuencia directa de las torturas psicológicas a las cuales la misma fue sometida«, sostuvo la fiscal de Instrucción Especializada en Género, Adriana Cangelosi.
Según el Ministerio Público, el suicidio fue la consecuencia directa de un proceso de tortura psicológica y trato degradante al que la víctima fue sometida durante aproximadamente diez horas: detención ilegal, encierro en condiciones indignas, falta de asistencia médica pese a reiterados pedidos y una situación de absoluta vulnerabilidad.
El contexto de vulnerabilidad
La imputación también remarcó que los policías conocían la situación personal de Morales: una mujer en situación de vulnerabilidad social, atravesada por antecedentes de violencia de género y por el reciente impacto emocional de la muerte de una nieta.
En ese contexto, la fiscalía entiende que el accionar y las omisiones del personal policial quebraron psicológicamente a la víctima y la llevaron a quitarse la vida dentro de la celda.
