La diputada nacional Marcela Pagano presentó este miércoles una ampliación de denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. La acusación sostiene que el funcionario no habría declarado una vivienda de alto valor ubicada en un country de Exaltación de la Cruz, lo que motivó una nueva investigación judicial.
Ampliación de la denuncia judicial
La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal N°1 bajo el expediente CFP 1003/2026. Allí se detalla la presunta existencia de una propiedad que no figuraría en las declaraciones juradas oficiales del funcionario ante la Oficina Anticorrupción.
Según la denuncia, se trataría de una casa de dos plantas situada en el Country Indio Cuá Golf Club, un complejo residencial exclusivo. La vivienda estaría ubicada cerca del hoyo 17 y habría sido recientemente remodelada.
Pagano difundió la acusación en redes sociales, donde cuestionó que la omisión no podría considerarse un error administrativo, dado que Adorni es contador público.
Detalles sobre la propiedad y vínculos
Uno de los puntos centrales del planteo es que las expensas correspondientes al lote en cuestión estarían registradas a nombre de Bettina Angeletti, pareja del funcionario. Este dato, según la denuncia, evidenciaría un vínculo posesorio que no habría sido informado formalmente.
En cuanto al valor de mercado, las propiedades dentro de ese country oscilan entre los 129.000 y 249.000 dólares, cifras que, según la presentación judicial, no coincidirían con el patrimonio declarado por el jefe de Gabinete.
Inconsistencias entre ingresos y nivel de vida
La denuncia también pone el foco en una presunta desproporción entre los ingresos de Adorni como funcionario público y su estilo de vida.
El escrito señala que su salario no alcanzaría para sostener simultáneamente:
- El alquiler en un barrio privado de alta gama
- La construcción de una vivienda propia
- Viajes internacionales en categoría premium
- Gastos elevados con tarjetas de crédito
Además, se menciona que sus ahorros declarados en dólares se mantienen en torno a los 48.720 USD, lo que, según la acusación, no reflejaría el movimiento económico necesario para afrontar esos gastos.
Esta no es la primera vez que el funcionario queda bajo cuestionamiento. La ampliación de la denuncia se suma a una causa previa por presunto enriquecimiento ilícito, que ya se encontraba en análisis.
La nueva información surge de relevamientos de registros y fuentes vinculadas a propiedades, lo que impulsó a la diputada a reforzar su presentación ante la Justicia.
