La provincia de San Luis sufrió una pérdida de 19.444 millones de pesos en concepto de coparticipación federal durante los primeros dos meses de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior. El dato forma parte de un panorama nacional que muestra una caída real del 6,9% promedio en los 24 distritos.
Según datos oficiales de recaudación, entre enero y febrero las provincias acumularon una pérdida de 838 mil millones de pesos en términos reales respecto a lo cobrado en el mismo lapso de 2025.
Las provincias más afectadas
Las más perjudicadas fueron:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: -8,1%
- Córdoba: -7,8%
- Santa Fe: -7,7%
En términos nominales, el caso más impactante es la provincia de Buenos Aires, que perdió un 5,9%, lo que en dinero representa 161 mil millones de pesos, casi el cuádruple del total que la Nación transfirió en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en marzo a la mitad de las provincias.
Los ATN que generaron bronca en los gobernadores
El gobierno de Javier Milei giró en marzo 47 mil millones de pesos en ATN a los gobernadores aliados, una suma que los mandatarios provinciales calificaron de mínima.
«No cubre ni el 6% de lo que perdimos», se quejaron fuentes del entorno de uno de los gobernadores consultados por La Política Online.
Economía envió:
- 8 mil millones a Corrientes
- 7 mil millones a Mendoza
- 6 mil millones a Entre Ríos
Provincias como Jujuy y Neuquén recibieron apenas 2 mil millones. Los distritos gobernados por opositores a Milei no recibieron nada.
La caída de la recaudación y el contexto recesivo
La recesión de la mayoría de los sectores productivos y la caída del consumo están derrumbando la recaudación. En marzo, se proyecta una baja que rondaría el 10% interanual.
Los datos confirman un proceso recesivo que comenzó a agravarse al inicio del año. Luego de la caída de enero, en febrero la recaudación se desplomó otro 9,5%, lo que significó una pérdida de 500 mil millones para las provincias en un solo mes.
Además de la merma por coparticipación, los distritos sufren el corte ilegal de partidas que el gobierno nacional dispuso en áreas como educación y seguridad, y la retención del impuesto a los combustibles, que la Corte Suprema sigue permitiendo pese a las demandas presentadas. La Nación debe coparticipar por ley ese tributo o destinarlo a la construcción de rutas, pero no hace ni una ni otra cosa.
