La jueza de Garantía Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, Luciana Banó, resolvió este viernes prorrogar por seis meses la investigación en la megacausa por estafas inmobiliarias, en la que hay numerosos imputados y una importante cantidad de documentación bajo análisis. También extendió las medidas cautelares que pesan sobre los acusados.
La solicitud la realizó el fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 1, Francisco Assat, junto a la fiscal adjunta Ornella Costa. Ambos argumentaron que se trata de una causa compleja debido a la cantidad de imputados, el volumen de prueba documental y las medidas probatorias que aún restan producir.
Avanza la investigación de la megacausa
Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía tomó entrevistas a damnificados y testigos, solicitó informes a organismos provinciales y nacionales, realizó pericias caligráficas e incorporó expedientes judiciales y documentación secuestrada. Sin embargo, aún restan nuevas pericias caligráficas, además de informes y actuaciones requeridas a distintos organismos y juzgados.
Durante la audiencia, el fiscal informó el fallecimiento del imputado Pablo Héctor Herrera, ocurrido el 18 de enero de este año a raíz de una enfermedad terminal. La jueza resolvió dar por extinguida la acción penal en su contra.
Las medidas prorrogadas
Banó dispuso extender por seis meses las medidas coercitivas que ya pesaban sobre los imputados:
- Obligación de firmar mensualmente el libro de imputados.
- Prohibición de salida de la provincia.
- Inhibición general de bienes.
La magistrada sostuvo que esta última medida resulta necesaria debido a la naturaleza económica de los hechos investigados y para resguardar eventuales responsabilidades civiles futuras. Aclaró que la inhibición «no implica una prohibición de trabajar ni de contratar» , sino que busca impedir la transferencia de bienes registrables mientras avance la investigación.
Los planteos de las defensas
Durante la audiencia, varios defensores cuestionaron la forma en que fueron incorporadas algunas medidas probatorias y denunciaron dificultades para acceder al contenido de los más de cien oficios relacionados incorporados al expediente.
Los abogados Hugo Scarzo, Gabriel Varela, Hernán Garoglio, Aldo Giuliani, Enrique Ponce y José Samper, junto a representantes de las Defensorías Oficiales Nº 1, 2 y 3, plantearon reservas de nulidad respecto de pericias caligráficas que, según sostuvieron, se realizaron sin notificación previa a las defensas.
También cuestionaron la falta de individualización clara de los oficios relacionados y señalaron que ello dificulta ejercer adecuadamente el derecho de defensa. En algunos casos, solicitaron que se revise la inhibición general de bienes al considerar que afecta la actividad laboral y comercial de los imputados.
La respuesta de la Fiscalía
Assat rechazó los planteos de nulidad. Sostuvo que las pericias mencionadas fueron realizadas en expedientes previos a la formulación de cargos y que algunas defensas incluso habían sido notificadas oportunamente.
Respecto de los cuestionamientos sobre los oficios relacionados, aseguró que el Ministerio Público Fiscal ya cumplió con la recaratulación ordenada por el Tribunal de Impugnaciones.
La orden de la jueza
No obstante, la jueza Banó consideró que aún persisten inconsistencias en la identificación de la causa y ordenó al Ministerio Público Fiscal que, en un plazo de 72 horas, adecue la recaratulación de los oficios relacionados. La magistrada dispuso que se consignen correctamente el nombre de los imputados, el delito investigado y el organismo destinatario de cada oficio.
También exhortó a la Fiscalía a mejorar el sistema de notificaciones, especialmente respecto de las Defensorías Oficiales, cuyos representantes manifestaron no haber recibido algunas comunicaciones procesales.
De qué se trata la megacausa
Según explicó la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos, los quince imputados integrarían una asociación ilícita que habría intervenido en al menos veinte hechos de apropiación fraudulenta de inmuebles —predios, lotes, campos y viviendas— ubicados en distintas localidades de la provincia: San Luis capital, El Volcán, El Chorrillo, Potrero de los Funes, Merlo, Luján, Los Vallecitos y Nogolí.
La hipótesis fiscal sostiene que el grupo actuaba de manera organizada, con división de roles y rotación de funciones, mediante un mecanismo sostenido en el tiempo. Las maniobras consistían en simular procesos sucesorios y cesiones de derechos basadas en documentación falsificada, con el fin de iniciar juicios de escrituración que derivaban en sentencias engañosas y en la transferencia irregular de la propiedad a favor de los integrantes del grupo.
Para concretar estas operaciones, se habrían confeccionado boletos de compraventa, denuncias policiales, certificaciones notariales, pagarés y comprobantes impositivos falsos, entre otros documentos.
Un elemento central era el uso de «domicilios seguros» o «controlados» , que en realidad pertenecían a miembros de la propia organización. De este modo, se impedía que los verdaderos propietarios fueran notificados y se los declaraba en rebeldía, lo que permitía que los tribunales —actuando de buena fe pero bajo engaño— dictaran resoluciones favorables a los acusados.
El fiscal Assat destacó la magnitud del perjuicio patrimonial, que superaría los cuatro millones de dólares.
