La Justicia imputó a un hombre como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de su sobrino, una persona de 20 años que denunció los hechos en mayo de 2025. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en el Juzgado de Garantía Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial.
Por tratarse de un delito de instancia privada y por la naturaleza de la causa, no se consignan los datos identificatorios de las partes para preservar el derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad de la víctima (artículo 22 de la Ley 26.061).
Los hechos
Según la denuncia, los abusos —consistentes en tocamientos reiterados— habrían ocurrido entre 2021 y 2023, cuando la víctima era menor de edad. Los hechos sucedieron en un domicilio donde se reunía el grupo familiar y también durante los traslados en automóvil de un domicilio a otro. El imputado es el tío paterno del denunciante.
La acusación fiscal
La Fiscalía que interviene en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores solicitó la formulación de cargos por abuso sexual gravemente ultrajante, en los términos de los artículos 119, segundo párrafo, y 45 del Código Penal Argentino.
Las medidas de coerción
Dado que el imputado estuvo sujeto al proceso judicial y no existen riesgos procesales, la Fiscalía pidió como medidas de coerción la renovación de la prohibición de acercamiento al denunciante y la firma del libro ante Fiscalía por el plazo de cuatro meses. El imputado continuará en libertad mientras avanza la investigación.
La postura de la defensa
La defensa, a cargo del abogado Gustavo Revilgio, negó los hechos endilgados por la Fiscalía y se opuso a la formulación de cargos. Solicitó como prueba anticipada que en Delitos Complejos se descarguen las conversaciones que su asistido mantuvo con su sobrino.
Durante la audiencia, las partes acordaron medidas de prueba que se realizarán de manera conjunta con la defensa.
La decisión del juez
Luego de escuchar a las partes, el juez Matías Farinazzo Tempestini tuvo por formulados los cargos provisorios y dispuso las medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía. Actuó como secretaria la doctora Soledad Fernández, mientras que la fiscalía estuvo representada por la doctora Nayla Cabrera Muñoz.
