El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Levingston, confirmó este viernes que el organismo elevará una nota al Poder Ejecutivo para solicitar los fondos necesarios y pagar el bono de 300.000 pesos que el gobernador Claudio Poggi anunció para los empleados de la administración pública. El beneficio alcanzaría a magistrados, funcionarios y agentes judiciales.
Levingston explicó que el Poder Judicial elabora en mayo el Cálculo de Gastos para el año siguiente, lo que genera desfasajes frente a los índices inflacionarios. Ese informe luego pasa al Ejecutivo, que lo incorpora al Presupuesto y lo envía a la Legislatura para su aprobación.
Las limitaciones presupuestarias del STJ
Por esa razón, la posibilidad de reasignar partidas dentro del Poder Judicial es casi nula. «El Poder Ejecutivo, como administrador, tiene facultades de movilización de partidas que nosotros no tenemos. Si hay una situación anómala o particular, solicitamos su asistencia con la debida justificación», detalló Levingston.
De todas formas, el titular del STJ anticipó que el organismo intentará abonar el bono por sus propios medios si fuera necesario, incluso con una modificación en el destino de algunos recursos disponibles.
Penúltima en el ranking nacional de sueldos
El dato que Levingston puso sobre la mesa es contundente: San Luis ocupa el penúltimo lugar en el ranking salarial de los poderes judiciales del país, apenas por encima de La Rioja. «El bono es una cuestión de necesidad, no de si corresponde o no», subrayó.
En materia salarial, la Justicia sigue la política del Ejecutivo. Este año, los trabajadores del Poder Judicial recibieron solo un 10 por ciento de aumento, en dos cuotas: una en febrero y otra en abril.
Levingston dejó en claro que los ministros del STJ analizan la viabilidad del pago «en función de la respuesta que llegue del Ejecutivo».
