La muerte de Alejandro Zalazar, un anestesista de 29 años, ocurrida el 20 de febrero en su departamento del barrio porteño de Palermo, derivó en una investigación judicial por presunto desvío de medicamentos y consumo recreativo de drogas hospitalarias. El caso, que está a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, ya tiene dos personas imputadas por administración fraudulenta.
Investigación por medicamentos y posible uso recreativo
La causa se inició tras la denuncia presentada por el Hospital Italiano de Buenos Aires el 23 de febrero, luego de detectar faltantes de anestésicos. A partir de ese momento, la Justicia comenzó a analizar un posible circuito irregular de distribución de fármacos.
Durante los procedimientos realizados el 12 de marzo por la Policía de la Ciudad, se llevaron a cabo tres allanamientos que permitieron confirmar que parte de los medicamentos hallados en la vivienda de Zalazar provenían de ese centro de salud.
Muerte del anestesista: qué reveló la autopsia
Zalazar fue encontrado sin vida en su departamento, con signos de haber utilizado sustancias intravenosas. En el lugar se hallaron elementos descartables compatibles con la administración de fármacos.
Los primeros resultados de la autopsia indicaron congestión y edemas pulmonares y cerebrales. Si bien aún resta determinar la causa final, los investigadores sostienen como principal hipótesis una sobredosis de propofol y fentanilo.
Quiénes son los imputados
En el avance de la causa, la fiscalía identificó a dos sospechosos vinculados al Hospital Italiano:
- Hernán Boveri, exintegrante del área de Anestesiología.
- Delfina Lanusse, residente de tercer año.
Ambos fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera y quedaron imputados por administración fraudulenta. Además, fueron apartados de sus funciones mientras avanza la investigación.
En paralelo, surgió un audio viral que menciona la existencia de reuniones privadas conocidas como “Propo fest”, donde se habrían utilizado anestésicos con fines recreativos.
Aunque este material no forma parte formal del expediente, la Justicia analiza otras posibles ramificaciones. Entre ellas, la oferta de experiencias denominadas “viajes controlados”, en las que se suministrarían sustancias a cambio de dinero bajo supervisión.
Fuente: TN
