La jueza Adriana Lucero Alfonso, del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, declaró culpable a Facundo Nahuel Charchaflie por «privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia» y lo condenó a dos años y seis meses de prisión en suspenso. La pena coincidió con lo pedido por la fiscal de Juicio N.° 1, Virginia Palacios.
Además, el tribunal ordenó una restricción de acercamiento por el término de la pena. Charchaflie no podrá acercarse a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo ni espacios de esparcimiento, ni contactarla por ningún medio. También deberá cumplir reglas de conducta y realizar tratamiento psicológico orientado al abordaje de la violencia.
El hecho
El 13 de noviembre de 2020, entre las 10 y las 13 horas, Charchaflie engañó a la denunciante con una supuesta oferta laboral para que subiera a un Volkswagen Bora y la trasladó hasta las inmediaciones de Balde.
La mujer había trabajado ocho meses en un comercio del padre del imputado. Tras ser despedida, inició un juicio laboral contra la familia, contexto en el que luego interpretó el accionar de Charchaflie como una venganza o amedrentamiento.
Una vez en Balde, la víctima fue maniatada con precintos y cintas adhesivas en manos, boca y ojos para impedir que pidiera auxilio. Logró liberarse por sus propios medios y un motociclista la trasladó hasta una dependencia policial.
Los alegatos del juicio
La fiscal Palacios sostuvo que la prueba fue «convincente y contundente» y que el relato de la víctima estuvo respaldado por «prueba objetiva»: los testimonios del policía que la recibió en la comisaría y del motociclista que la encontró en la ex Ruta 7 coincidieron en describir lesiones visibles, estado de angustia y signos compatibles con maniobras de sujeción. El protocolo médico del día siguiente documentó excoriaciones, edemas y contusiones.
Palacios también cuestionó la teoría de la defensa sobre una relación sentimental previa entre las partes: ese argumento apareció casi cinco años después del hecho. «Si esa relación realmente existía y era relevante para explicar lo sucedido, debió plantearse desde el primer momento», sostuvo la fiscal.
El defensor Hanna Abdallah pidió la absolución y centró su estrategia en las contradicciones del relato de la denunciante. Señaló que las cámaras de seguridad mostraban que la víctima subió al vehículo de forma voluntaria, cuestionó la ausencia de los precintos como prueba física y planteó incompatibilidades horarias en la pericia de geolocalización. También destacó que la mujer le dijo al motociclista que habían sido «dos personas» quienes la secuestraron, dato que consideró incompatible con la acusación.
