El Gobierno nacional decidió extender por un mes los plazos para avanzar con la privatización de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa y traslado de equipajes en los principales aeropuertos del país. La medida fue oficializada este jueves mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y responde a la necesidad de introducir modificaciones en el proceso licitatorio.
Prórroga en el proceso de privatización
A través de la resolución 521, el Ejecutivo estableció que la nueva fecha límite para la presentación de ofertas será el 10 de junio, cuando inicialmente estaba prevista para el 7 de mayo. En paralelo, también se extendió el plazo para realizar consultas sobre el pliego, que ahora vencerá el 26 de mayo.
El proceso se desarrolla mediante una licitación pública nacional e internacional que contempla la venta del 100% del paquete accionario de Intercargo, actualmente en manos del Estado. La operación se canaliza a través de la plataforma CONTRAT.AR.
Según se detalla en la normativa, la prórroga responde a la incorporación de una circular modificatoria en las condiciones del proceso, lo que hace necesario otorgar más tiempo a los interesados para analizar la documentación.
Alcances de la venta
La privatización se realizará bajo la modalidad de empresa en marcha. Esto implica la transferencia total de la compañía, incluyendo todos sus activos, sin que el Estado conserve participación accionaria ni presencia en la conducción.
Además, se garantiza la continuidad operativa de la firma, con sus contratos, licencias y servicios vigentes en los aeropuertos donde actualmente opera.
El precio base fijado para la venta asciende a 45.120.000 dólares.
Contexto y antecedentes
Intercargo fue creada en 1961 y actualmente presta servicios de asistencia en tierra a aeronaves en 21 aeropuertos del país. Entre sus clientes se encuentran la mayoría de las aerolíneas comerciales que operan en Argentina.
La empresa cuenta con aproximadamente 1500 empleados y fue incluida en el proceso de privatizaciones tras la aprobación de la Ley Bases en 2024. Posteriormente, en marzo de 2025, un decreto presidencial habilitó la venta mediante la transferencia de acciones.
Desde el Gobierno argumentaron que la decisión se fundamenta en el costo fiscal que implicó su sostenimiento en los últimos años. Entre 2020 y 2023, la compañía requirió asistencia estatal por unos 6700 millones de pesos.
En ese marco, el Ejecutivo dejó de subsidiarla a fines de 2024, avanzó en la desregulación del servicio y promovió la apertura a operadores privados.


