Un efectivo policial fue imputado por un grave caso de violencia institucional ocurrido en la ciudad de San Luis. La fiscal de Instrucción N° 5, Débora Roy Gitto, afirmó que “un ciudadano se convirtió sin razón alguna en una víctima de violencia institucional”, al referirse al hecho registrado el pasado 9 de abril en la peatonal Mendoza del barrio 292.
El acusado es Matías Escudero, de 37 años, integrante del Comando Radioeléctrico, quien fue imputado por lesiones graves, abuso de autoridad y apremios ilegales tras un procedimiento que la fiscal calificó como “abiertamente ilegítimo y abusivo”. El juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, ordenó su prisión preventiva por 90 días, período durante el cual permanecerá detenido.
Según la investigación, el episodio ocurrió cuando la víctima, Brian Arévalo, caminaba junto a su hijo pequeño y un amigo. Tras pedir a los policías que redujeran la velocidad de los móviles, se inició un procedimiento de identificación que derivó en una agresión física, pese a que, según la fiscalía, no existió resistencia por parte del damnificado.
Testigos señalaron que Arévalo fue golpeado en la vía pública, incluso cuando ya se encontraba reducido, recibiendo impactos en el rostro y las costillas. La fiscal remarcó que la víctima estaba en “clara inferioridad” frente a varios agentes, lo que agrava el accionar policial.
Como consecuencia de la golpiza, la víctima sufrió fractura de tabique nasal, fractura orbital, hematomas y múltiples lesiones, con un tiempo de recuperación superior a un mes. El caso fue encuadrado como violencia institucional, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales durante un procedimiento preventivo.
Uno de los aspectos más sensibles de la causa es el presunto encubrimiento inicial. Según la fiscalía, el hecho fue informado en un principio como “resistencia a la autoridad”, omitiendo la gravedad de las lesiones. Además, se advirtió que podrían surgir nuevos imputados, ya que el acusado no habría actuado solo.
La investigación enfrenta dificultades debido a posibles intentos de encubrimiento dentro de la fuerza policial y al temor de testigos a declarar por represalias. En ese sentido, la fiscal sostuvo que la condición de policía del imputado implica “una posición de poder que podría influir en la causa”, justificando la prisión preventiva.
Por su parte, la víctima denunció que fue golpeada, esposada y trasladada sin explicaciones, mientras su hijo permanecía en el lugar. Además, advirtió sobre las secuelas físicas y laborales del hecho: “Tengo un ojo que tengo que ver si no lo pierdo. Pierdo el trabajo”, expresó, reflejando la gravedad de un caso que continúa bajo investigación.
