El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata homologó el acuerdo entre la asociación de consumidores CODEC y Telefónica Móviles Argentina S.A., que pone fin a un extenso litigio colectivo iniciado en 2014 por el cobro indebido del concepto «SVA-TB» en servicios de telefonía básica.
La decisión, del juez Alejo Ramos Padilla, establece el reintegro de $12.640.901.252,40 en concepto de capital, intereses y sanciones. El monto alcanza a millones de usuarios en todo el país, con ajustes derivados del uso efectivo de ciertos servicios.
El origen del conflicto
La demanda de CODEC cuestionó la legalidad del cobro de servicios de valor agregado incluidos en la facturación sin consentimiento expreso de los usuarios. El cargo «SVA-TB» no se correspondía con ningún servicio real, sino que era un «derecho a acceder a servicios de valor agregado» cobrado independientemente de que el usuario los adquiriera .
En 2023, el juzgado declaró la nulidad del cargo y ordenó su devolución, una decisión que luego confirmó la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. En la etapa de ejecución de sentencia, las partes optaron por un acuerdo transaccional como mecanismo de resolución, que el tribunal consideró «conducente a la resolución del litigio colectivo» .
Quiénes cobran y cómo se devuelve
El acuerdo beneficia a todos los clientes y ex clientes que hayan abonado el cargo SVA-TB desde junio de 2014. Quedan excluidos quienes hayan iniciado reclamos individuales o ejercido su derecho de exclusión voluntaria .
La devolución se hará de dos maneras:
- Clientes actuales: recibirán el reintegro mediante acreditaciones en sus facturas dentro de los 60 días de la homologación.
- Ex clientes: percibirán el monto mediante transferencias bancarias, billeteras digitales o, en su defecto, a través de sucursales de Pago Fácil.
El monto se distribuirá según los meses en que cada usuario abonó el cargo, con cálculo de intereses a tasa activa del Banco Nación con un adicional del 50%, más una multa del 25% y daño punitivo .
Una reducción del 38,93%
El monto final de $12.640 millones surge de un cálculo que incluye capital histórico, intereses y sanciones. Sin embargo, se aplicó una reducción del 38,93% en función del uso efectivo de los servicios por parte de ciertos usuarios, lo que impacta en el monto final a distribuir .
Plazos y controles
El acuerdo prevé un amplio esquema de publicidad, con publicaciones en el Boletín Oficial, sitios web y comunicaciones directas a usuarios. Los consumidores tienen 30 días para ejercer su derecho a excluirse .
El tribunal mantendrá funciones de seguimiento para verificar el cumplimiento, con posibilidad de imponer penalidades en caso de incumplimiento. Con la homologación, el acuerdo adquiere efectos extintivos sobre la acción colectiva.
