La jueza de Garantía N° 4 de San Luis, Luciana Banó, resolvió este martes hacer lugar al pedido formulado por la Fiscalía de Instrucción N° 6 y prorrogó por otros 60 días las medidas de coerción contra los ex funcionarios provinciales Luciano Anastasi y Claudio Latini, además del diputado nacional Ernesto Alí y los ex intendentes Jeremías Vivas y Mario Canali.
La magistrada fundamentó su decisión en el estado actual del expediente judicial y sostuvo que, conforme a la doctrina del Tribunal de Impugnaciones, los riesgos procesales aumentan a medida que la causa avanza hacia la etapa intermedia y el eventual juicio oral. En ese sentido, consideró necesario mantener las restricciones vigentes para garantizar el normal desarrollo del proceso.
Entre las medidas prorrogadas, Banó dispuso que todos los imputados continúen con la obligación de firmar el libro entre el 1 y el 10 de cada mes ante la Fiscalía de Instrucción Nº 6. Además, mantuvo la prohibición de salir de la provincia, con excepción de Ernesto Alí y Luciano Anastasi.
La jueza también resolvió extender la inhibición general de bienes para los imputados, salvo en el caso de Anastasi, quien ya cuenta con un embargo preventivo que reemplaza dicha medida. Según explicó, el objetivo es preservar el patrimonio y evitar posibles situaciones de insolvencia que puedan afectar futuras responsabilidades patrimoniales vinculadas a la investigación.
Durante la audiencia, la fiscal Linda Maluf defendió el pedido de prórroga y afirmó que las medidas resultan necesarias para asegurar los fines del proceso judicial. Además, remarcó que uno de los imputados posee antecedentes condenatorios por delitos dolosos, situación que podría derivar en una declaración de reincidencia.
Maluf también destacó que la causa ya transita la etapa intermedia, con el requerimiento de elevación a juicio formalizado y los traslados correspondientes en marcha. En representación de la Fiscalía de Estado, Juan Ignacio Trusendi acompañó el planteo de la fiscalía y ratificó la denuncia que originó la investigación.
Por su parte, el abogado defensor Nedo Gómez rechazó la continuidad de las medidas respecto de Ernesto Alí y sostuvo que su defendido siempre estuvo a disposición de la Justicia y cumplió con todas las exigencias procesales. Además, calificó las restricciones como un “hostigamiento” incompatible con su rol institucional como diputado nacional.
En la misma línea, los abogados defensores de Claudio Latini y Jeremías Vivas cuestionaron tanto la prórroga de las medidas de coerción como la inhibición de bienes, al considerar que resultan desproporcionadas y carecen de fundamentos suficientes. La audiencia contó también con la presencia de Luciano Anastasi y de la defensora oficial quien además representa al ex intendente de Cortaderas, Mario Canali.
