Los dos argentinos detenidos en Libia del Este desde el 24 de mayo lograron este jueves establecer contacto con sus familias desde Bengasi. El mensaje que transmitieron Lucas Aguilera y Paula Giménez —los mendocinos que integraban el convoy humanitario Global Sumud Magreb con destino a Gaza— encendió todas las alarmas por la emergencia humanitaria en el lugar.
Según relataron, los voluntarios detenidos sostienen una huelga de hambre desde hace más de cuatro días como medida de protesta. Algunos, además, realizan una huelga seca, sin ingerir alimentos ni líquidos, lo que agrava de manera acelerada el riesgo para su salud y su vida. Varios ya sufrieron desmayos, pérdida de peso y debilidad extrema.
Las condiciones de detención
Los retenidos denunciaron aislamiento prolongado, incomunicación, presiones psicológicas, interrogatorios intensivos y hostigamiento, prácticas prohibidas por el derecho internacional humanitario. Tampoco tienen acceso a asistencia jurídica ni información sobre su situación procesal, y las condiciones de higiene son incompatibles con estándares mínimos de trato humanitario.
Según Global Sumud, los voluntarios permanecen en un complejo penitenciario aislado para civiles, gestionado por el Ministerio del Interior libio, conocido localmente como «black site» o centro de detención clandestino. Las autoridades no permitieron el ingreso de equipos médicos independientes ni visitas humanitarias internacionales. Los propios médicos del convoy intentan asistir a sus compañeros, pese a encontrarse ellos mismos en estado de agotamiento físico y psicológico.
El Estado argentino, sin respuesta
El contacto con las familias no fue resultado de mecanismos regulares de protección, sino de la presión ejercida por los propios voluntarios a través de la huelga de hambre, según informó NODAL.
Los detenidos habrían sido informados de una eventual comparecencia judicial, en un contexto de promesas de liberación incumplidas y comunicaciones contradictorias.
Las familias y los voluntarios aún aguardan alguna respuesta del Estado argentino. «La protección de ciudadanos argentinos detenidos en el exterior constituye una obligación indelegable del Estado y requiere una respuesta acorde a la gravedad de los hechos», planteó NODAL.
