Una investigación judicial permitió desarticular una presunta organización dedicada a la extorsión virtual que operaba desde el interior de una unidad penitenciaria de Junín. La causa comenzó tras la denuncia de un hombre que aseguró haber perdido cerca de un millón de pesos luego de recibir amenazas vinculadas a una página de citas.
La víctima, un profesional de la ciudad bonaerense de Junín, relató que comenzó a recibir mensajes y llamados intimidatorios después de ingresar a un sitio web de encuentros. Los delincuentes le exigían dinero bajo la amenaza de difundir información personal y datos de familiares. Ante la presión, realizó varias transferencias que totalizaron casi un millón de pesos, aunque las exigencias continuaron.
Cómo funcionaba la maniobra de extorsión
La denuncia activó una investigación encabezada por la fiscal Vanina Lisazo y la Sección de Investigaciones Cibercrimen de Junín. Los especialistas analizaron registros telefónicos, movimientos financieros, datos de plataformas digitales y geolocalizaciones para reconstruir el circuito utilizado por los sospechosos.
Los investigadores detectaron que las amenazas se originaban desde la Unidad Penitenciaria N.º 16 de Junín. Según la pesquisa, los involucrados utilizaban teléfonos celulares para contactar a las víctimas y exigir pagos mediante transferencias electrónicas.
Allanamientos dentro y fuera del penal
Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó procedimientos simultáneos en la cárcel y en una vivienda de la ciudad. Durante los operativos, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares Samsung y una tarjeta SIM que ahora serán sometidos a pericias informáticas.
La investigación también identificó como principal sospechoso a un interno conocido por el alias de “El Bebé”, quien habría tenido un rol clave en las comunicaciones con la víctima. Un detenido fue notificado de una causa por presunta defraudación informática.
Hallazgo de marihuana en un domicilio
En paralelo, los investigadores allanaron una vivienda donde presuntamente se recibió parte del dinero obtenido mediante la maniobra extorsiva. Allí encontraron diez plantas de marihuana, lo que motivó la intervención de la fiscalía especializada en estupefacientes y el inicio de actuaciones por una posible infracción a la Ley 23.737.
La investigación sigue abierta
Los peritajes sobre los dispositivos secuestrados buscarán determinar si existieron más víctimas y establecer el alcance total de la organización. Los investigadores intentan confirmar además si la red contaba con colaboradores externos que facilitaban el cobro y movimiento del dinero obtenido mediante las extorsiones.
El caso vuelve a poner en foco el uso ilegal de teléfonos celulares dentro de establecimientos penitenciarios y el crecimiento de las estafas y extorsiones digitales que utilizan datos personales para intimidar a las víctimas y obtener dinero de manera fraudulenta.
