La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó , ordenó este miércoles la inhibición general de bienes del exdirector de Vialidad Provincial, Héctor García Quiroga , en el marco de una investigación por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión entre 2020 y 2023 . Además, dispuso la prohibición de salida de la provincia y la obligación de firmar mensualmente el libro de imputados durante seis meses.
La medida fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción N° 1, que imputó al exfuncionario por el delito de peculado, al considerar que habría desviado bienes, fondos y servicios del Estado para beneficio propio o de terceros. Según la acusación, las maniobras investigadas habrían provocado un perjuicio económico superior a los 70 millones de pesos.
Durante la audiencia, los fiscales Francisco Assat y Juan Pablo Díaz Estopiñán sostuvieron que se trata de un delito continuado debido a la cantidad de hechos detectados a lo largo de más de tres años de gestión. Por la complejidad de la causa, solicitaron ampliar el plazo de investigación de cuatro a seis meses.
Entre las irregularidades señaladas figuran faltantes de bienes pertenecientes al organismo. La Fiscalía mencionó la desaparición de cinco radios VHF, cinco antenas magnéticas, dos módems rurales 4G y una notebook Dell asignada al entonces director, además de otros insumos que no pudieron ser localizados.
La investigación también detectó presuntas anomalías en el uso de maquinaria vial. Según Assat, una máquina rodillo fue encontrada en un terreno privado de Nueva Galia, mientras que distintos testigos afirmaron que durante la gestión anterior algunos equipos eran prestados de manera informal.
Otro de los ejes de la causa está vinculado al combustible. La Fiscalía afirmó que Vialidad Provincial habría excedido los cupos autorizados, registrando un consumo adicional superior a 230 mil litros, equivalente a un valor estimado de 73 millones de pesos.
Además, el fiscal describió un escenario preocupante respecto del parque automotor. De acuerdo con auditorías y testimonios incorporados al expediente, más del 60% de los vehículos estaban fuera de servicio, situación que llevó a algunos trabajadores a describir el predio como un “cementerio de vehículos”.
Por su parte, García Quiroga se abstuvo de declarar. Su abogado defensor, Facundo Sosa, rechazó la imputación y sostuvo que no existen pruebas que acrediten el delito de peculado. También afirmó que la causa responde a diferencias sobre la gestión administrativa y denunció una supuesta utilización política de la investigación.
