El conflicto por la prestación de servicios de Uber y DiDi en San Luis volvió a instalarse en la agenda luego de que el encargado del área legal de la Federación Nacional de Taxis y Remises (FENATAR), Gustavo Coniglio, reclamara que las aplicaciones sean reguladas y sostuvo que operan sin las habilitaciones correspondientes.
El dirigente afirmó que el sector del taxi no busca impedir el funcionamiento de las plataformas, sino que se establezcan reglas iguales para todos los prestadores del servicio.
Reclamo por la regulación
Coniglio aseguró que las aplicaciones «no tienen domicilio legal constituido en la Argentina ni habilitación municipal, provincial o nacional» y señaló que la Federación impulsó distintas acciones judiciales para conocer bajo qué autorización prestan el servicio.
«No perdimos la batalla. Todos los fallos nacionales están a favor del servicio de taxi», sostuvo.
Además, indicó que el reclamo apunta a que las empresas se adecuen a la legislación vigente y cumplan los mismos requisitos que deben afrontar taxis y remises.
Cuestionamientos a la falta de controles
El representante de FENATAR también cuestionó la actuación de los municipios y sostuvo que la discusión debe centrarse en regular a las empresas y no únicamente a los conductores.
En ese sentido, mencionó el Decreto Nacional 388/2025, al afirmar que para prestar servicios de transporte es necesaria una habilitación municipal, provincial o nacional.
Debate abierto en San Luis
Las declaraciones se producen mientras continúa el debate por la regulación de Uber y DiDi en la capital puntana.
Días atrás, representantes de la Asociación de Titulares de Taxis solicitaron al Concejo Deliberante el tratamiento del proyecto de ordenanza que busca regular el funcionamiento de estas plataformas, iniciativa que permanece desde hace más de dos años sin tratamiento definitivo.
La propuesta plantea exigir domicilio legal en la provincia, seguros, habilitaciones, identificación visible de los vehículos y una antigüedad máxima de diez años.
Por su parte, el intendente Gastón Hissa sostuvo que el municipio no adoptará una decisión apresurada, al considerar que se trata de un tema complejo que involucra tanto los controles del servicio como una fuente laboral para cientos de personas.
