El Gobierno nacional modificó su estrategia para administrar los vencimientos de deuda en pesos y busca llegar a las elecciones de 2027 con el menor volumen posible de obligaciones financieras inmediatas. En las últimas licitaciones, el Tesoro priorizó instrumentos de corto plazo y dejó de extender de manera sostenida los vencimientos hacia después de los comicios.
El cambio ocurre mientras el mercado comienza a mostrar señales de mayor cautela. Según un informe de Delphos Investment citado por Infobae, la proporción de vencimientos que queda para después de las elecciones pasó del 18% al 45%. Además, durante las últimas diez licitaciones, el Tesoro adjudicó en promedio el 40% del valor efectivo en ese segmento.
La estrategia para evitar un escenario como el de 2019
Uno de los principales objetivos del equipo económico es evitar que se repita la situación de 2019, cuando la incertidumbre electoral provocó una fuerte dolarización de las carteras y complicó la renovación de la deuda denominada en pesos.
En aquel momento, la pérdida de confianza llevó a los inversores a desprenderse de activos en moneda local y el Gobierno de Mauricio Macri terminó avanzando en un reperfilamiento compulsivo de parte de la deuda.
Por ese antecedente, la gestión de Luis Caputo buscó durante buena parte del año extender los vencimientos para reducir la presión financiera previa a las elecciones de 2027.
Los bonos duales fueron una pieza clave
Para conseguir financiamiento a plazos más largos, el Tesoro recurrió especialmente a los bonos duales, instrumentos que ofrecen distintas alternativas de rendimiento al momento de su vencimiento.
En una primera etapa, estos títulos permitieron optar entre el ajuste por CER, vinculado a la inflación, y la tasa TAMAR. En las licitaciones más recientes también apareció la posibilidad de cubrirse mediante la evolución del dólar oficial, una alternativa especialmente atractiva para inversores preocupados por un eventual salto cambiario después de las elecciones.
Sin embargo, la estrategia comenzó a encontrar resistencia. La extensión de los plazos presionó sobre la parte más larga de la curva de deuda en pesos y los duales empezaron a mostrar señales de menor demanda.
Tasas más altas y menor margen para el Tesoro
El deterioro de la demanda tuvo un efecto directo sobre los rendimientos. Los precios de los bonos en pesos cayeron y las tasas llegaron a ubicarse hasta 11% por encima de la TAMAR, según las estimaciones citadas en el análisis.
Ante este escenario, el Tesoro decidió moderar el proceso de extensión y concentrarse nuevamente en títulos con vencimientos anteriores a las elecciones.
En la última licitación, el Gobierno logró renovar la totalidad de los vencimientos en moneda local de esa semana, aunque optó por colocar instrumentos de corto plazo. De esta manera, evitó continuar presionando sobre los tramos más largos de la curva.
El mercado vuelve a poner la lupa sobre el Gobierno
La principal incógnita pasa ahora por determinar si este cambio constituye una pausa temporal o si representa el comienzo de una mayor dificultad para conseguir financiamiento a largo plazo.
La evolución de la demanda de pesos será determinante. A esto se suma el comportamiento de los bonos soberanos en dólares, que registraron fuertes bajas durante agosto.
El riesgo país también aumentó y alcanzó los 489 puntos, después de haber rondado los 400 puntos a fines de julio. La suba complica las posibilidades del Gobierno de regresar al mercado internacional de deuda en condiciones favorables.
Un desafío que trasciende las elecciones
La administración de Caputo intenta llegar a 2027 con un calendario financiero menos exigente y evitar que los vencimientos de deuda se conviertan en un factor de presión durante la campaña electoral.
Pero el mercado empieza a marcar un límite a esa estrategia. La necesidad de ofrecer mayores rendimientos para conseguir financiamiento a plazos extensos puede incrementar el costo de la deuda, mientras que una menor demanda de activos en pesos reduce el margen de maniobra del Tesoro.
El desafío será sostener la renovación de los vencimientos sin convalidar tasas cada vez más elevadas y, al mismo tiempo, mantener la confianza de los inversores en un escenario atravesado por la incertidumbre electoral.
