Las rutas nacionales 33, 8 y 7, en el tramo del Departamento General López, deberán ser reparadas «de manera inmediata y urgente». Así lo resolvió el Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo del juez Aurelio Antonio Cuello Murua, al hacer lugar a una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio .
El fallo, dictado el 7 de agosto, declaró arbitraria e ilegal la omisión prolongada de tareas de conservación por parte de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) , la concesionaria Corredores Viales S.A. y los organismos de control —Secretaría de Transporte, Ministerio de Economía y Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado— .
La demanda de Di Gregorio, quien viaja más de cinco veces por semana por esas rutas, detalló que el pavimento se encuentra agrietado, con baches profundos, banquinas descalzadas y falta de señalización. Sostuvo que esa situación provocó numerosos accidentes y afecta la economía local, el turismo y el transporte de productos agrícolas e industriales hacia los puertos .
La defensa y el fallo
La DNV negó los hechos y cuestionó la incumbencia técnica de la actora. Corredores Viales S.A. argumentó que la ruta 33 no está a su cargo y que los contratos de concesión excluyen la repavimentación. El Ministerio de Desregulación alegó falta de legitimación pasiva .
El juez rechazó todos esos planteos. Consideró que Di Gregorio, como usuaria habitual, tiene un interés legítimo. Además, recordó que los derechos de incidencia colectiva, como la seguridad vial, admiten una legitimación amplia. Sobre Corredores Viales S.A., el magistrado advirtió que los decretos 659/2019 y 1036/2020 le otorgaron obligaciones directas de «construcción, mejora, reparación y mantenimiento» de las rutas 8 y 7, y que existen 55 actas de constatación por incumplimientos labradas por la propia DNV .
El reconocimiento de Vialidad sobre el estado de las rutas nacionales
Una de las pruebas más contundentes del expediente fueron los informes de la propia Dirección Nacional de Vialidad. El organismo reconoció que la Ruta Nacional 33 presenta «importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos» que exigen una intervención urgente .
Si bien existió una licitación adjudicada a la firma Rovial S.A. por más de 3.800 millones de pesos, los trabajos quedaron paralizados por falta de aprobación presupuestaria. El juez desestimó los arreglos de «bacheo en frío» realizados entre Venado Tuerto y Murphy, considerándolos insuficientes frente a la magnitud del daño estructural .
Contexto y concesiones
El fallo se produce en un contexto de transición del sistema de concesiones viales. En julio de 2026 se adjudicaron nuevos contratos dentro de la Red Federal de Concesiones. Los tramos involucrados en la sentencia corresponden al Tramo Puntano (rutas 8 y 36, entre otras) y al Tramo Portuario Norte (rutas 9, 33 y A-008), que atraviesan provincias como San Luis, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe .
El juez fue tajante: el Estado no puede eludir su responsabilidad escudándose en cambios de concesionarias o en restricciones presupuestarias. «La falta de partidas no puede erigirse en excusa válida cuando están en juego derechos fundamentales», sostuvo el magistrado .
La sentencia ordena al Estado Nacional, a través de la DNV o de las empresas concesionarias adjudicatarias, que garantice la transitabilidad plena de los tres corredores. El fallo impuso las costas a las vencidas .
