El economista Claudio Lozano planteó que el Estado debe diseñar políticas para resolver la grave crisis de endeudamiento que sufren millones de familias argentinas, de la misma manera que lo hace con las deudas de empresas privadas.
«En nuestro país estamos acostumbrados a que cada vez que grandes empresas tienen problemas, esos pasivos y esas deudas terminan cayendo sobre la cabeza de los argentinos, sobre la base de que se le traslada el costo al Estado, ya sea porque no cobra o, como el caso del endeudamiento externo, que fue deuda privada luego estatizada. En el caso de las familias que por necesidad y no por especulación terminaron en este tipo de situación, venir a plantear el prurito de si se le transfiere el Estado, es francamente inaceptable», planteó.
21 millones de personas con deudas
Lozano recordó que en la actualidad hay 21 millones de personas con deudas, tanto en bancos tradicionales como en billeteras virtuales o cadenas de electrodomésticos. «En el sistema financiero formal hay un 13 o 14 por ciento de morosidad; en las fintech y aplicaciones, un 30%. Nunca en la historia hubo ese porcentaje», advirtió.
El ex presidente del Banco Nación remarcó que muchas familias tomaron créditos «ante la imposibilidad de llegar a fin de mes», debido a la caída abrupta del empleo y del poder adquisitivo de los trabajadores.
El peor deterioro en la historia
Lozano sostuvo que tampoco «nunca en la historia hubo, en un período tan corto, niveles de deterioro» de los ingresos como el actual. «La cifra de casi 30 mil empresas cerradas se acerca a los números del gobierno de Mauricio Macri y de la Dictadura. Pero en el gobierno de Macri fue en cuatro años y en la Dictadura, 6. Ahora ocurre lo mismo en dos años», sentenció.
La respuesta del Gobierno
El economista resaltó que la necesidad de organizar un reclamo, como el que los endeudados realizarán este jueves, responde a la quietud del gobierno de Javier Milei ante la situación. «Este tema merece y requiere una solución, pero la respuesta del Gobierno es que este es un problema entre privados y lo tienen que resolver entre privados, y no toma ninguna determinación. Hay una definición gubernamental de no responder a las necesidades de la sociedad», remarcó.
