Mientras Javier Milei prepara una cadena nacional para este jueves sobre el reclamo argentino por las Islas Malvinas, excombatientes y abogados ambientalistas presentaron una acción judicial para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion. La iniciativa apunta contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development, que proyectan explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
Una presentación judicial contra el proyecto Sea Lion
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas acudieron este martes a la Justicia Federal de Tierra del Fuego con una acción preventiva por daño ambiental colectivo.
La presentación busca suspender las obras vinculadas con Sea Lion e impedir la firma de nuevos contratos relacionados con la explotación de hidrocarburos en la zona.
Los impulsores de la medida sostienen que el proyecto representa un riesgo tanto para el ambiente como para los intereses vinculados con la soberanía argentina sobre las islas.
Qué contempla el proyecto petrolero
Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, sobre la plataforma continental argentina.
Según la presentación judicial, las primeras etapas contemplan la perforación de 23 pozos submarinos, además de la instalación de cañerías, equipos y unidades flotantes destinadas a la producción.
Las compañías involucradas proyectan comenzar la extracción en 2028, con una producción estimada de 120.000 barriles diarios durante un período de 30 años.
Los denunciantes advierten que el área involucrada mantiene una conexión ecológica con la Antártida y alcanza ecosistemas reconocidos por Argentina, entre ellos el Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur.
El reclamo ambiental también apunta al financiamiento
La estrategia judicial no se limita a intentar detener las obras. Los demandantes también buscan conocer qué bancos, fondos de inversión, aseguradoras y otras entidades respaldan económicamente el proyecto.
El objetivo consiste en poner bajo análisis el financiamiento de una explotación que requiere una inversión elevada y que está planificada para desarrollarse durante varias décadas.
Desde la organización de abogados ambientalistas señalaron que una eventual medida judicial sobre los activos o intereses vinculados al proyecto podría generar dificultades para su desarrollo.
El anuncio de Milei sobre Malvinas
La presentación judicial ocurre mientras el Gobierno nacional prepara una cadena nacional de Javier Milei para este jueves, en la que el Presidente anticipó que expondrá avances relacionados con el reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas.
El anuncio tomó fuerza después de declaraciones de Donald Trump en las que dejó abierta la posibilidad de revisar el respaldo estadounidense a la posición británica sobre las islas.
Milei calificó recientemente la cuestión Malvinas como un tema “sagrado” y anticipó que comunicará los avances de su administración.
Sin embargo, el reclamo judicial de los excombatientes coloca en primer plano una acción concreta vinculada con la explotación de recursos naturales en el área disputada.
Antecedentes que volvieron a poner a Malvinas en agenda
En las últimas semanas, distintos episodios reavivaron la discusión sobre la posición argentina frente a las islas. Entre ellos se encuentra el paso del buque militar británico HMS Medway por aguas argentinas sin aviso previo a las autoridades.
También generó cuestionamientos el arribo del buque petrolero VS Promise al puerto de Ushuaia.
En ese contexto, el CECIM decidió avanzar junto con abogados ambientalistas con una estrategia que combina la defensa ambiental y el reclamo por la soberanía.
Una disputa que suma un nuevo frente
La acción judicial contra Sea Lion introduce un nuevo capítulo en la discusión por Malvinas. Mientras el Gobierno prepara un anuncio político y diplomático, los excombatientes buscan utilizar la vía judicial para impedir que avance la explotación petrolera proyectada en la zona.
El planteo ahora deberá ser analizado por la Justicia Federal de Tierra del Fuego, que tendrá que determinar si corresponde adoptar medidas para evitar el avance del proyecto mientras se analiza el eventual impacto ambiental y sus implicancias sobre los intereses argentinos.
