El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba anuló este martes la condena a prisión perpetua que pesaba sobre Paola Verónica Ortiz por la muerte de su hija recién nacida y ordenó su inmediata liberación. La mujer llevaba casi 14 años detenida y ahora deberá cumplir una pena de 13 años, 9 meses y 26 días, equivalente al tiempo que ya permaneció en prisión.
Qué resolvió la Justicia de Córdoba
El máximo tribunal provincial revisó la condena que Ortiz recibió en 2015 por homicidio calificado por el vínculo y resolvió modificar la pena.
Los jueces no absolvieron a la mujer, sino que mantuvieron su responsabilidad penal bajo la misma figura, pero consideraron que existieron circunstancias extraordinarias de atenuación que no habían sido contempladas adecuadamente en el juicio original.
Con la nueva pena, equivalente al tiempo que ya llevaba detenida, el tribunal ordenó su libertad inmediata y envió las actuaciones a la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa María para concretar la medida.
El contexto que tuvo en cuenta el tribunal
Uno de los puntos centrales de la revisión fue la situación de vulnerabilidad que atravesaba Ortiz al momento del hecho.
Según consta en el fallo, la mujer vivía en condiciones de pobreza, precariedad habitacional y aislamiento social, además de haber atravesado situaciones de violencia. En 2012 tenía tres hijos, no había terminado la escuela primaria, no contaba con un empleo formal y residía en una habitación prestada.
Las pericias realizadas durante la investigación también habían descripto una personalidad frágil e inmadura y señalaron dificultades para dimensionar racionalmente el peligro durante el parto.
El Tribunal Superior de Justicia consideró por unanimidad que estos elementos no habían recibido una valoración adecuada cuando se dictó la condena a perpetua.
El caso por la muerte de su hija
El episodio ocurrió el 31 de octubre de 2012 en Villa Nueva, departamento General San Martín.
Ortiz tenía 29 años cuando ocurrió el hecho. La causa había llegado al juicio bajo la acusación de abandono de persona seguido de muerte, pero durante el debate la calificación cambió y la Cámara terminó condenándola por homicidio calificado por el vínculo.
La sentencia de 2015 sostuvo que la recién nacida había nacido con vida y que Ortiz no había cortado el cordón umbilical ni solicitado asistencia médica.
La mujer permaneció detenida durante la mayor parte de estos años en el penal de Bouwer.
La revisión de la condena
La defensa presentó el pedido de revisión el 22 de abril de 2024. Las abogadas Julia Alejandra Luna y Rocío Pilar García Garro, integrantes de la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, asumieron la representación de Ortiz a fines de 2022.
El planteo se basó principalmente en la incorporación de un informe obstétrico y en la necesidad de analizar el caso bajo estándares de perspectiva de género que el propio Tribunal Superior había desarrollado en decisiones posteriores.
El máximo tribunal, sin embargo, rechazó por mayoría el nuevo informe médico presentado por la defensa al considerar que no constituía una prueba novedosa, sino una reinterpretación de pericias que ya habían sido analizadas durante el juicio.
Una decisión que reabre el debate
El fallo marca un cambio sustancial respecto de la condena original. Aunque la Justicia mantuvo la responsabilidad penal de Ortiz, consideró que las circunstancias extraordinarias que rodearon el caso justificaban dejar sin efecto la prisión perpetua.
La resolución también vuelve a poner en discusión la forma en que los tribunales abordan casos vinculados con emergencias obstétricas, pobreza y violencia, especialmente cuando las mujeres atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.
Tras conocer la decisión, las defensoras viajaron al penal de Bouwer para comunicarle a Ortiz que recuperaría su libertad.
La medida pone fin a casi 14 años de prisión y establece una nueva valoración judicial de un caso que había terminado con una de las penas más graves previstas por el sistema penal argentino.
