El proyecto de Presupuesto 2027 mantiene el financiamiento de las universidades nacionales un 21,1% por debajo de los niveles de 2023, una vez descontado el efecto de la inflación. Además, los fondos previstos quedan un 28% por debajo de los recursos que corresponderían si se aplicara la Ley de Financiamiento Universitario.
Los datos surgen de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analizó la evolución de las partidas presupuestarias y los salarios docentes y no docentes desde la asunción del gobierno de Javier Milei.
El estudio señala que el proyecto para el próximo año contempla una mejora real del 1,2% respecto del presupuesto vigente de 2026. Sin embargo, ese incremento no alcanza para recuperar los niveles de financiamiento de 2023, que continúan muy por encima de los recursos proyectados para el sistema universitario.
El presupuesto que prevé el Gobierno y los fondos que establece la ley
El Programa 26, denominado Desarrollo de la Educación Superior, contempla para 2027 partidas por $7,50 billones, expresadas a valores constantes de ese año.
En cambio, el CEPA calcula que, con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, el presupuesto debería alcanzar los $9,60 billones. La diferencia entre ambos escenarios es del 28%.
La norma fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025 y ratificada en octubre, después del veto presidencial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025. En diciembre de ese año, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenó cumplir con la ley.
En febrero de 2026, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificarla, pero la iniciativa no llegó a tratarse en comisión.
El informe también advierte sobre una partida de $851.558 millones para el fortalecimiento de recursos humanos incluida en el Programa 26. Como esos fondos figuran bajo una categoría cuya ejecución depende de decisiones administrativas, el CEPA señala que su utilización no está garantizada.
Los salarios universitarios siguen 24,2% por debajo de noviembre de 2023
La pérdida de recursos también tiene su correlato en los ingresos de los trabajadores universitarios. El informe calcula que, hasta septiembre de 2026, los salarios docentes y no docentes conservaban apenas el 75,8% de su poder adquisitivo de noviembre de 2023, lo que representa una caída real del 24,2%.
El estudio registra una recuperación parcial durante los primeros nueve meses de 2026: los salarios aumentaron un 37,8% nominal, mientras que la inflación acumulada en ese período fue del 23,5%. Esa diferencia permitió una mejora real del 11,6%, aunque no alcanzó para compensar el deterioro previo.
La evolución salarial muestra que la mayor caída se produjo durante los primeros ocho meses de la actual gestión, entre diciembre de 2023 y julio de 2024, cuando el poder adquisitivo retrocedió un 23,1% respecto de noviembre de 2023.
El deterioro también aparece en la comparación histórica de cargos docentes. Un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva y sin antigüedad cobraba el equivalente a $1.185.861 en noviembre de 2015, a valores de septiembre de 2026. En septiembre de este año, su salario bruto era de $672.309, una reducción real del 43,3%.
Si se hubiera aplicado la Ley de Financiamiento Universitario, ese mismo cargo habría percibido $887.581 a valores de septiembre de 2026, de acuerdo con la estimación del CEPA.
La mayoría de los salarios no alcanza la canasta básica total
El informe también compara los salarios básicos brutos de docentes y no docentes con el costo de las canastas que determinan las líneas de pobreza e indigencia.
En septiembre de 2026, la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes alcanzó los $1.632.505, mientras que la canasta básica alimentaria llegó a $738.690.
Dentro de las categorías docentes, solo los profesores titulares y asociados con dedicación exclusiva superaban el valor de la canasta básica total. En el escalafón no docente, únicamente las tres categorías superiores cobraban por encima de ese umbral.
La situación es más crítica en los cargos con dedicación simple: todos los salarios básicos brutos de esa modalidad se ubicaban por debajo de la canasta básica alimentaria, que marca la línea de indigencia. También quedaban por debajo de ese valor los salarios de jefes de trabajos prácticos y auxiliares con dedicación semiexclusiva.
El documento concluye que el proyecto de Presupuesto 2027 consolida un nivel de financiamiento universitario inferior al de 2023 y mantiene una brecha respecto de los recursos que establecería la ley vigente. A ese escenario se suma una recuperación salarial incompleta, con ingresos que todavía no compensan la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde noviembre de 2023.
