La causa judicial por la muerte de Yulie Viviana Huamán Rivera, ocurrida en noviembre de 2014 después de recibir atención médica en la Clínica Italia de San Luis, se encamina a su cierre sin que los dos médicos que aún estaban imputados lleguen a juicio.
La jueza María del Valle Durán, del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, homologó este martes un acuerdo de reparación integral entre los médicos Carlos Alberto Merelli y Roberto Antonio Carió y Luis Sierra, esposo de la paciente. Ambos profesionales estaban acusados de homicidio culposo.
Sin embargo, la resolución no dispone todavía el sobreseimiento. La extinción de la acción penal y el cierre definitivo de la causa dependerán de que los médicos cumplan con todos los pagos comprometidos y acrediten esas obligaciones en el expediente.
Sierra aceptó el acuerdo, aunque dejó en claro su disconformidad con el resultado del proceso. “He aceptado este acuerdo, mas no estoy conforme. Lo hago con una finalidad de poner fin a este largo proceso”, manifestó durante la audiencia.
El esposo de la víctima explicó que tomó esa decisión por el desgaste personal y familiar que implicó atravesar casi doce años de actuaciones judiciales. También sostuvo que la vida de su esposa no podía valorarse en dinero y cuestionó que otro profesional al que consideraba responsable ya no estuviera sometido al proceso penal.
Qué establece el acuerdo
El convenio fija una reparación económica que Merelli y Carió deberán pagar a Sierra. El esquema contempla una primera entrega al finalizar la audiencia y el saldo restante en tres cuotas, con vencimientos a los 30, 45 y 60 días.
Los médicos también asumieron el pago de los honorarios del abogado de la querella, Ramón Chávez. A cambio, Sierra aceptó no iniciar nuevos reclamos económicos contra los profesionales por los conceptos incluidos en el acuerdo.
El abogado de la familia explicó que el convenio fue alcanzado de manera libre y voluntaria y que buscaba poner fin tanto al conflicto penal como al reclamo civil. La defensa de los médicos, a cargo de Bernardo Ramón Estrada, acompañó el pedido de homologación.
La jueza verificó que las partes conocieran las condiciones y consecuencias legales del acuerdo y que prestaran su consentimiento con asesoramiento de sus abogados.
La acusación contra los médicos
La fiscal de Instrucción en lo Penal N.º 5, Débora Roy Gitto, no presentó objeciones al convenio y consideró que se trata de una salida alternativa prevista por la legislación para resolver este tipo de conflictos.
Durante la audiencia, recordó que la acusación contra Merelli y Carió se centraba en la presunta omisión de estudios diagnósticos y de interconsultas con otros especialistas durante la atención de Huamán Rivera.
La hipótesis fiscal sostenía que esas omisiones impidieron detectar a tiempo el cuadro clínico de la paciente y adoptar las medidas necesarias para tratarla, lo que podría haber evitado su muerte.
La fiscalía había solicitado para cada uno de los médicos dos años de prisión y seis años de inhabilitación especial para ejercer la medicina. En julio de 2026, el Juzgado de Garantía N.º 3 admitió la acusación y dispuso la elevación de la causa a juicio.
Roy Gitto explicó que, por tratarse de un delito culposo —que no implica intención de causar la muerte—, la legislación permite recurrir a mecanismos de reparación integral. También recordó que la investigación había llegado a su Fiscalía en junio de 2025 y que desde entonces se avanzó con el ofrecimiento de pruebas y el control de acusación.
Una investigación que comenzó en 2014
Huamán Rivera ingresó el 30 de octubre de 2014 a la Clínica Italia, donde fue intervenida quirúrgicamente tras un diagnóstico de colecistitis aguda y litiasis vesicular.
Después de recibir el alta, la volvieron a internar por el agravamiento de su estado de salud. Permaneció varios días bajo atención médica sin que se estableciera un diagnóstico certero sobre el origen del cuadro.
El 13 de noviembre la trasladaron al Sanatorio Franchín, en la Ciudad de Buenos Aires, donde murió al día siguiente. Una junta médica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la causa probable de muerte fue una tuberculosis diseminada con neumopatía bilateral.
La investigación también alcanzó a otros profesionales. Sergio Ferreyra fue sobreseído después de cumplir un acuerdo de reparación integral, mientras que Marcelo Fabián Velázquez alcanzó otro convenio con la querella.
