Personal de la División Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en la UROP Nº 2 realizó allanamientos y requisas que permitieron desarticular parte de una presunta red criminal dedicada a la venta de estupefacientes. La investigación apunta a Juan Insúa y otros involucrados.
Millones en efectivo y cannabis
El procedimiento incluyó un allanamiento en una propiedad ubicada sobre calle San Martín al 300. Allí, los efectivos incautaron una suma superior a cinco millones de pesos, además de dólares estadounidenses y euros.
También secuestraron material tecnológico como notebooks, discos rígidos, grabadores de video, documentación relevante y cannabis sativa, tanto en semillas como en flores.
En el otro domicilio allanado, en calle Juan Llerena al 1400, arrojó nuevos elementos de prueba. En este lugar se encontraron dispositivos de almacenamiento, celulares y documentación que refuerzan la hipótesis de una estructura organizada.
Requisa en la vía pública
La tercera intervención fue una requisa a un hombre mayor de edad en calle Salta, entre Lavalle y General Paz. Durante el control, se le incautaron más de un millón de pesos en efectivo, cien dólares, una notebook, documentación y flores de cannabis sativa.
El total de la droga secuestrada en los tres puntos alcanzó los 50 gramos, equivalentes a unas 200 dosis, con un valor estimado en el mercado ilegal de un millón de pesos.
Cuatro sospechosos identificados
Durante el operativo, fueron identificadas cuatro personas mayores de edad, tres hombres y una mujer, cuyas edades van desde los 37 a los 51 años. Uno de ellos quedó vinculado a la causa por orden del Juzgado Federal de Villa Mercedes, ante el peso de las pruebas reunidas.
El procedimiento fue coordinado con la colaboración de personal de la División Lucha Contra el Narcotráfico de la UROP 1, la Policía Científica, el Comando Radioeléctrico y la Patrulla de Aproximación Comunitaria.
Una megacausa federal con 12 detenidos
En total, hay 12 personas detenidas: nueve de Villa Mercedes y tres de Merlo. Todos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, mientras el juez Nacul define si dicta prisión preventiva y busca establecer vínculos con otras redes narco del país.
