Irá a juicio por el robo de $27,8 millones en una vivienda de Villa de Merlo
Un hombre identificado por sus iniciales M. J. A. R. irá a juicio por su presunta participación en el robo de $27.800.000 de una vivienda de Villa de Merlo. El hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2025 y, de acuerdo con la investigación fiscal, dos personas ingresaron a la casa, amenazaron a una adolescente de 16 años y se llevaron el dinero.
La decisión se tomó este viernes, durante una audiencia ante el juez de Garantía Nº 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Valentín Fornasari. El magistrado admitió parcialmente la acusación y dispuso que el imputado sea juzgado por robo calificado por el uso de un arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, en calidad de coautor funcional.
La resolución no incluyó el delito de privación ilegítima de la libertad, que también le atribuyó la Fiscalía. Tras esa decisión, el fiscal redujo el pedido de pena de 13 a 10 años de prisión.
Cómo fue el robo investigado
La Fiscalía de Instrucción Nº 1, a cargo de Hugo Salazar Molina, sostiene que el asalto fue planificado con anticipación. La reconstrucción de la investigación ubica al acusado y a otro hombre en San Luis durante la mañana del 15 de noviembre de 2025.
Ambos habrían ingresado a la provincia por el puesto interprovincial de La Punilla, a bordo de un Volkswagen Voyage gris, y se dirigieron hacia Villa de Merlo. Cerca de las 11:20, el vehículo llegó a una estación de servicio de la Ruta Provincial Nº 1. Allí cargaron combustible y realizaron compras que pagaron mediante una billetera virtual vinculada al titular del automóvil.
Después se trasladaron hacia el centro de la localidad. La Fiscalía sostiene que hicieron tareas de reconocimiento en las inmediaciones de un comercio de la familia damnificada y que también pasaron varias veces a pie frente a la vivienda.
Alrededor de las 13, dos hombres ingresaron a la casa, donde estaba la adolescente. La habrían amenazado con un arma de fuego, le ataron las manos y se apoderaron de $27.800.000 que estaban guardados en un mueble de la cocina.
Los asaltantes escaparon a pie y abordaron el Volkswagen Voyage que habían dejado en las inmediaciones. Luego tomaron la Ruta Provincial Nº 1 y salieron de San Luis por el puesto de La Punilla a las 14:15, en dirección a Córdoba.
La discusión por el arma y la privación de la libertad
Durante la audiencia, la Fiscalía pidió inicialmente que el acusado fuera juzgado por privación ilegítima de la libertad y robo calificado por el uso de armas. Para sostener la acusación, el fiscal mencionó, entre otros elementos, la declaración de la adolescente en Cámara Gesell.
De acuerdo con lo expuesto por el representante del Ministerio Público, la joven relató que los hombres la amenazaron con un arma de fuego, la ataron de manos y la sujetaron a una silla. También habría permanecido maniatada después de que los asaltantes se retiraran.
La defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces provisoria Nº 1, Laura Chacón, adhirió a la acusación y destacó las consecuencias psicológicas que el episodio habría dejado en la adolescente, a partir de los informes técnicos incorporados al expediente.
La defensa del imputado, a cargo de la abogada Stefanía Poma de Otaegui, rechazó la calificación legal propuesta por la Fiscalía. Sostuvo que no estaban acreditados el uso de violencia ni la existencia del arma de fuego y planteó que el hecho debía encuadrarse como hurto simple. También se opuso a la imputación por privación ilegítima de la libertad.
El juez Fornasari admitió la acusación por robo calificado, con la salvedad de que no pudo acreditarse la aptitud del arma para disparar, pero excluyó el delito de privación ilegítima de la libertad.
Juicio oral y prisión preventiva
Con esa calificación, la Fiscalía modificó su pedido de pena: pasó de los 13 años de prisión solicitados al inicio de la audiencia a 10 años de prisión.
El magistrado también admitió las pruebas para el debate oral y dispuso que la causa llegue a un tribunal colegiado integrado por miembros de la Sala Penal de la Tercera Circunscripción Judicial. Ese tribunal deberá fijar la fecha del juicio.
Por otra parte, el acusado continuará detenido en el Servicio Penitenciario. La Fiscalía pidió extender por 120 días la prisión preventiva para garantizar su presencia en el debate, al considerar que persiste el riesgo de fuga. La Defensoría de Niñez acompañó el planteo, mientras que la defensa no objetó la continuidad de la medida, aunque pidió reducir el plazo a un máximo de 80 días.
Finalmente, el juez concedió una prórroga de 90 días de prisión preventiva.




