El bloque de Unión por la Patria presentó una denuncia penal contra Patricia Bullrich y las fuerzas federales por operativos realizados el 18 de junio antes de una movilización en apoyo a Cristina Kirchner. Denuncian controles sin orden judicial y persecución política.
Este martes 18 de junio, Unión por la Patria presentó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los jefes de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El motivo: los operativos realizados horas antes de una marcha en respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La denuncia fue presentada por el diputado nacional Leopoldo Moreau, quien calificó lo ocurrido como “de extrema gravedad institucional”. Según el texto, los operativos incluyeron controles de identidad, fotografías de documentos personales y requisas sin orden judicial en estaciones de transporte y colectivos.
Los controles se llevaron a cabo principalmente en la estación Constitución y en colectivos de línea y escolares que se dirigían a la marcha en Plaza de Mayo. Allí se revisaron pertenencias, se solicitaron documentos de identidad y se registraron datos de los pasajeros. También se reportaron operativos similares en otros puntos del país, según informaron desde el espacio opositor.
Desde Unión por la Patria señalaron que estas acciones violan el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional (N° 25.520), que prohíbe recolectar datos de ciudadanos por motivos ideológicos, sociales o partidarios.En su declaración pública, desde el bloque opositor expresaron su preocupación ante lo que consideran una estrategia de vigilancia selectiva: “El Estado no puede almacenar información sobre las personas por su pertenencia política o social. No vamos a permitir que estas prácticas se normalicen”.
La denuncia solicita que se investigue la cadena de mando, se identifique a los funcionarios responsables de cada operativo y se garantice la protección de los derechos civiles de los ciudadanos, especialmente en contextos de protesta.
Mientras la oposición judicializa la actuación de las fuerzas federales, el Gobierno defendió el accionar. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó públicamente que “el protocolo antipiquetes está vigente”, en una clara señal de respaldo a la ministra Bullrich y a su política de seguridad en el marco de las movilizaciones sociales.
