La jueza de Garantía N° 2 de San Luis, Agustina Dopazo, ordenó este lunes la prisión preventiva por 90 días para tres de los cuatro imputados por el homicidio de Fernando Gil, mientras que dispuso la prisión domiciliaria para la cuarta acusada, luego de analizar los planteos de las partes y cumplirse el plazo de prórroga solicitado por la defensa.
La magistrada hizo lugar al pedido formulado por la Fiscalía de Instrucción N° 4 y resolvió que Walter Daniel Agüero, Damián Emanuel Agüero y Leonardo Alberto Agüero permanezcan detenidos en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras que Rosa Noemí Giménez cumplirá la medida cautelar bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Aunque la Fiscalía había solicitado una preventiva de 120 días, la jueza fijó un plazo de 90 días para las medidas cautelares.
Las imputaciones
Los tres hombres están acusados de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, una figura penal que contempla severas penas. En tanto, Rosa Noemí Giménez fue imputada como partícipe secundaria del hecho.
Durante la audiencia, la defensa de los imputados sostuvo que la investigación presentaba debilidades y argumentó que no existían riesgos procesales suficientes para justificar una prisión preventiva. De manera subsidiaria, solicitó que Giménez pudiera cumplir cualquier medida cautelar en el domicilio de familiares.
Antes de resolver, la jueza escuchó a la suegra y a los padres de la imputada, quienes manifestaron su voluntad de recibirla en sus hogares. Finalmente, Dopazo dispuso que la prisión domiciliaria se cumpla en la vivienda de sus progenitores, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad y una discapacidad intelectual leve. Además, ordenó controles semanales por parte del Instituto de Reinserción Social.
Los fundamentos de la resolución
En su decisión, la magistrada consideró acreditados, en esta etapa inicial de la investigación, los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la causa, debido a la gravedad de los hechos investigados, la expectativa de una eventual condena de cumplimiento efectivo y la existencia de medidas probatorias aún pendientes.
Asimismo, valoró distintos elementos incorporados al expediente, entre ellos presuntas maniobras de ocultamiento, como llamadas al 911 con versiones contradictorias, el borrado de mensajes y la necesidad de proteger a testigos que manifestaron temor y solicitaron resguardo.
La reconstrucción del caso
Según la investigación, Fernando Gil fue visto por última vez durante la madrugada del 3 de abril de 2026, luego de compartir una reunión social en una vivienda ubicada sobre la Ruta Nacional 146.
La teoría de la Fiscalía sostiene que, alrededor de las 5:24 de la mañana, Gil solicitó un servicio de transporte para regresar a su casa, pero se habría desorientado y terminó ingresando al predio donde residía la familia Agüero.
De acuerdo con la acusación, Walter, Damián y Leonardo Agüero lo habrían sorprendido dentro del terreno, creyendo que intentaba cometer un robo, y lo redujeron mediante una agresión física. La hipótesis fiscal señala que posteriormente, cuando la víctima se encontraba inconsciente pero aún con vida, fue arrojada a un pozo de agua de aproximadamente cuatro metros de profundidad, donde murió por ahogamiento.
La investigación también sostiene que, tras el hecho, se habría intentado ocultar lo sucedido mediante versiones contradictorias aportadas a los servicios de emergencia. El cuerpo de Fernando Gil fue encontrado tres días después por trabajadores de una cantera ubicada dentro del mismo predio.
Pruebas incorporadas a la causa
Entre los elementos reunidos por la Fiscalía se encuentran registros de cámaras de seguridad, pericias toxicológicas, análisis de teléfonos celulares, mensajes recuperados y búsquedas realizadas en internet, evidencias que, según los investigadores, respaldan la hipótesis presentada en la causa.
En la audiencia participaron además la querella, representada por la abogada Soledad Poma de Otaegui, y la Defensoría de Niñez e Incapaces N° 1, que intervino en representación de Rosa Noemí Giménez debido a su condición de discapacidad intelectual leve. El organismo adhirió al pedido de prisión domiciliaria.
