La decisión judicial que concedió la prisión domiciliaria a Johana Torres, una de las imputadas por el delito de torturas seguidas de muerte, generó un fuerte rechazo en la familia de Florencia Magalí Morales.
Celeste Morales, hermana de la víctima, manifestó su disconformidad con la medida y sostuvo que existe una desigualdad en el trato judicial.
“Mi hermana estuvo horas pidiendo ayuda y nadie la escuchó. Ahora les respetan los derechos a quienes están imputados y a ella no se los respetaron”, afirmó.
Cuestionamientos a la versión del suicidio
Morales volvió a rechazar la hipótesis inicial de suicidio y remarcó que existen informes periciales que respaldan la postura de la familia.
“No se suicidó. Hay informes de criminalística y forenses que lo demuestran. Nosotros no hablamos porque sí, todo está respaldado en el expediente”, señaló.
También cuestionó las manifestaciones realizadas en Santa Rosa del Conlara en apoyo a los ex policías imputados y aseguró que muchas personas no expresan su opinión por temor.
Apuntó contra los policías imputados
Celeste sostuvo que las responsabilidades deben centrarse en quienes se encontraban en la dependencia policial el día de la muerte de Magalí.
En ese sentido, cuestionó los intentos de atribuir responsabilidades a otras personas y apuntó directamente contra el exsubcomisario Heraldo Reynaldo Clavero y el oficial Marcos Ontiveros, quienes permanecen imputados en la causa.
“Si Clavero y Ontiveros tienen prisión preventiva es por algo. Nadie se hace cargo de lo que pasó en la comisaría ese día”, manifestó.
«Vamos a seguir pidiendo justicia»
La hermana de Magalí confirmó que la familia continuará acompañando el avance de la causa y respaldando las acciones de sus abogados.
“Vamos a seguir pidiendo justicia y apelando todo lo que sea necesario. Hace más de seis años que estamos luchando para que esto no quede impune”, sentenció Celeste.
La causa investiga la muerte de Florencia Magalí Morales ocurrida el 5 de abril de 2020 en la Comisaría N°25 de Santa Rosa del Conlara. En la actualidad, cuatro ex efectivos policiales se encuentran imputados por el delito de torturas seguidas de muerte.
