El exmiembro del directorio del Banco Central de Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, se presentó este viernes ante la Policía Nacional, luego de que un operativo para detenerlo terminara sin resultados porque no fue encontrado en su domicilio. Tras el procedimiento, las autoridades lo habían declarado prófugo, aunque su defensa sostuvo que atravesaba un problema de salud y que decidió entregarse voluntariamente para evitar especulaciones sobre una posible fuga. Se lo acusa de estar al tanto del estado de insolvencia de Ueno Bank desde 2025.
Acompañado por su abogado, Arturo Daniel, González llegó antes de las 8 de la mañana a la Dirección Contra el Crimen Organizado, donde se activaron los procedimientos correspondientes. Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía y fue trasladado ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), donde prestó declaración indagatoria.
Horas antes, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional habían allanado su vivienda en la ciudad de Luque, con una orden de detención, pero no lo encontraron en el inmueble. Ante esa situación, las autoridades lo declararon prófugo.
Desde la institución policial informaron que, una vez concretada su presentación, aguardaron la convocatoria de la Fiscalía para avanzar con el traslado del exfuncionario.
La investigación apunta a presuntas omisiones en el Banco Central
El procedimiento contra González se enmarcó en un operativo simultáneo dispuesto por el Ministerio Público para detener a tres exintegrantes del directorio del BCP. En el mismo despliegue fueron detenidos Liana Caballero, quien se desempeñó como presidenta interina de la entidad tras la renuncia de Carlos Carvallo, y Miguel Ángel Mora, capturado en su residencia de Luque.
La investigación sostiene que los tres exfuncionarios habrían tenido «conocimiento directo y temprano, al menos desde diciembre de 2025», de la situación de insolvencia de Ueno Bank y de presuntas irregularidades en la concesión de créditos a empresas vinculadas con su propio grupo empresarial.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, pese a contar con esa información, los integrantes del directorio habrían omitido implementar las medidas correctivas que les exigían sus atribuciones legales. Esa presunta inacción habría permitido que la entidad continuara captando depósitos del público pese a encontrarse en una situación de insolvencia.
Fuente: Ambito
