En una audiencia realizada ante el Juzgado de Garantía Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, el juez Juan Manuel Montiveros Chada formalizó la imputación por presunta estafa contra tres personas vinculadas al desarrollo inmobiliario “Milano 3”, a partir de la acusación presentada por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 2.
El Ministerio Público Fiscal imputó a María Elena Casiraghi y José Luis Casiva, y amplió cargos contra Noelia Casiraghi, quien ya había sido imputada previamente. Según la fiscal Ornella Costa, entre agosto y septiembre de 2020 los acusados ofrecieron la venta de departamentos en pozo en un proyecto ubicado en la ciudad de San Luis, por los que habrían cobrado sumas millonarias sin entregar las unidades.
De acuerdo a la acusación, los imputados habrían sostenido un engaño mediante contratos, publicidad y comunicaciones falsas, aun sabiendo que la obra no se concretaría. La causa se encuadra provisoriamente bajo el delito de estafa.
Uno de los damnificados afirmó que el emprendimiento fue comercializado sin habilitación municipal ni planos aprobados, y que las pericias evidencian un avance mínimo y abandono de la obra. Además, señaló que el monto actualizado de lo abonado supera los 122 millones de pesos, denunciando una maniobra destinada a generar confianza y captar fondos sin respaldo real.
Otros representantes de víctimas indicaron que el proyecto prometía un edificio de siete pisos con 40 departamentos que nunca se construyó, y advirtieron que las unidades continuaban siendo ofrecidas incluso recientemente. También solicitaron la prisión preventiva de los imputados por riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Por su parte, la defensa sostuvo que se trata de un conflicto civil por incumplimiento contractual y no de un delito penal, argumentando que existieron contratos formales, pagos registrados y avances parciales de obra cercanos al 10%. Además, señalaron que las demoras se debieron a problemas administrativos.
Al resolver, el juez rechazó la “excepción de atipicidad”, aunque aclaró que se trata de una decisión provisoria y que el encuadre legal se definirá más adelante. También confirmó los cargos contra los imputados y advirtió sobre la demora en la causa, que lleva casi dos años sin resolución.
Finalmente, el magistrado rechazó los pedidos de prisión preventiva y otras medidas restrictivas, al considerar que no se acreditaron riesgos procesales suficientes, y dispuso como única medida que dos de las imputadas se presenten a firmar mensualmente durante 60 días.
