El 1° de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde entonces, su teléfono celular —un Samsung Galaxy A50— se convirtió en una de las pruebas más relevantes para la investigación judicial. Sin embargo, lejos de aportar datos concretos, el dispositivo se convirtió en el eje de una cadena de fallas, controversias y sospechas.
El primer intento de peritaje se realizó en la madrugada posterior al ataque, en el despacho de la jueza María Eugenia Capuchetti. El cabo Alejandro Heredia, de la Policía Federal, utilizó el sistema UFED de Cellebrite para acceder al contenido, pero todos los intentos resultaron fallidos. Solo se extrajeron imágenes y videos de la tarjeta de memoria; los mensajes y chats quedaron inaccesibles.
Esa misma noche, Capuchetti ordenó trasladar el teléfono a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), con la esperanza de lograr un análisis más profundo. Sin embargo, el procedimiento fue cuestionado desde el inicio. El dispositivo llegó a la sede de Ezeiza con el sobre abierto y encendido. En pantalla se mostraba un mensaje inusual: “Warning: CMDLINE Parameter”.
Pese a esta anomalía, se ordenó continuar con el peritaje. Al intentar acceder, el celular se reseteó a valores de fábrica, lo que borró todo el contenido. A raíz de este incidente, la jueza María Servini abrió una investigación por posibles daños a una prueba esencial, aunque en febrero de 2024 sobreseyó a los técnicos involucrados, al no poder determinar con certeza qué provocó el reinicio del dispositivo.
En noviembre de 2024, el Tribunal Oral Federal N°6 ordenó retomar el análisis del celular, por pedido de la fiscal Gabriela Baigún. La Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realizó pruebas con un equipo similar y determinó que aún había posibilidades de acceder al contenido, aunque existía el riesgo de dañar el teléfono definitivamente.
El procedimiento, iniciado en febrero de 2025, se vio interrumpido por un corte de luz. Luego, en marzo, se reanudaron los intentos. Al conectar el dispositivo, los peritos descubrieron que solo tenía 4 GB de espacio libre de los 64 originales, lo que se atribuyó al “manoseo previo”. Tras liberar espacio, el teléfono seguía operativo, pero no se logró rootearlo.
El informe final confirmó el fracaso: ninguna de las técnicas utilizadas logró acceder al contenido del Samsung modelo SM-A505G, a pesar del uso de herramientas avanzadas.
Durante el juicio, surgieron nuevas dudas sobre la manipulación del celular. La controversia gira en torno a Santillán, encargada de transportar el dispositivo desde el juzgado a la PSA. Mientras ella afirma no haber abierto el sobre ni conocer su contenido, sus declaraciones se contradicen con las de los peritos de la PSA y del exdirector de Inteligencia Criminal, Damián Neustad.
Por estas inconsistencias, la querella solicitó que se investigue a Santillán por presunto falso testimonio. Aunque el tribunal no avanzó con la imputación, dejó la decisión en suspenso hasta finalizar el proceso judicial.
