La CGT ultima detalles para lo que será el tercer paro general contra la administración de Javier Milei. La protesta apunta contra el rumbo económico del Gobierno, la política de ajuste salarial y en defensa de los ingresos de los jubilados.
La central obrera mantuvo un encuentro clave el pasado viernes por la noche en la sede de la calle Azopardo, donde dirigentes gremiales y referentes de movimientos sociales definieron la estrategia de cara a las 36 horas de protesta que comenzarán con una movilización el miércoles 9.
A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la CGT confirmó que el punto de partida de la jornada será la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Solís, donde se concentrarán junto a jubilados y organizaciones sociales para reclamar frente al Congreso de la Nación.
Mientras la CGT avanza con la organización del paro, la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantiene su postura de no adherirse a la medida.
Según trascendió en medios sindicales, el gremio de los choferes de colectivos se encuentra bajo conciliación obligatoria por su conflicto salarial con las cámaras empresariales del transporte, lo que legalmente impide tomar medidas de fuerza.
Además, existen diferencias políticas entre la UTA y la actual conducción de la CGT. Roberto Fernández, secretario general del gremio de transporte, ha mantenido distancia con la central obrera y busca evitar enfrentamientos directos con el oficialismo.
Dentro de la CGT, sin embargo, sospechan que detrás de esta decisión podría haber negociaciones informales entre la UTA y el Gobierno nacional con vistas a futuras discusiones paritarias.
El paro general del 10 de abril se perfila como una jornada de fuerte impacto político y social, pero también expone las divisiones internas dentro del movimiento obrero. La ausencia de la UTA en la convocatoria podría debilitar la medida, especialmente en el transporte, uno de los sectores clave para garantizar el alcance de la protesta.
Por otro lado, la CGT busca reforzar su legitimidad como actor central en la oposición sindical al Gobierno, apelando a la defensa del poder adquisitivo y los derechos laborales.
