Un tribunal integrado por José Luis Flores, Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zabala Chacur declaró culpable a Jonathan Raúl Andrada Villagra de múltiples delitos de abuso sexual y violencia de género cometidos contra cinco mujeres. Los jueces lo condenaron a la pena de 16 años de prisión.
Andrada Villagra fue hallado culpable de tres hechos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de tres damnificadas. Además, recibió condena por lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género contra otra de las víctimas. También por lesiones graves agravadas por el vínculo y violencia de género contra la quinta denunciante.
El tribunal consideró que todos los hechos concurrieron en concurso real y dispuso la continuidad de su alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial. Los jueces absolvieron a Andrada Villagra en relación a los hechos denunciados por tres víctimas, al aplicar el principio de la duda a favor del acusado.
«Yo no abusé a nadie»
El veredicto, votado por unanimidad, se conoció tras nueve horas de debate oral. El tribunal escuchó las declaraciones de la madre y de la novia del acusado, y luego los alegatos de clausura del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
«Yo no abusé a nadie y quiero que se haga justicia», fueron las últimas palabras de Andrada Villagra antes de que los magistrados se retiraran a deliberar. Las denunciantes siguieron toda la audiencia de manera presencial.
En el caso intervinieron la Fiscalía de Juicio N° 1, a cargo de Virginia Palacios, y la Fiscalía de Género N°1, cuya titular es Delia Bringas, quien realizó la instrucción de la causa. El Ministerio Público de la Defensa estuvo representado por el Defensor de Juicio N° 1, Esteban Sala, y por la Defensora adjunta N° 1, Agustina Tobares.
Una trama de violencia durante más de una década
La fiscal Virginia Palacios reconstruyó ante el tribunal una trama sostenida por la violencia física, psicológica y sexual que Andrada Villagra ejerció durante más de una década. El acusado conoció a la mayoría de las víctimas a través de redes sociales.
La representante del Ministerio Público Fiscal describió relaciones marcadas por el aislamiento, el control extremo, las amenazas y los abusos sexuales reiterados. En varios de los casos, las víctimas relataron golpizas, privación de libertad, amenazas con armas de fuego y sometimiento bajo coerción psicológica. También surgieron denuncias de hostigamiento permanente, manipulación emocional y amenazas de muerte.
La fiscal sostuvo que el imputado desplegó un patrón sistemático de violencia de género que se repitió en cada una de las relaciones denunciadas. Varias víctimas coincidieron en describir celos extremos, agresiones físicas, control sobre sus comunicaciones y amenazas para impedir que denunciaran los hechos.
Crítica a los estereotipos
La fiscal también cuestionó los estereotipos en torno al acusado. Señaló que se reiteró «el estereotipo de este señor amable, afable». Según Palacios, esa imagen «claramente inducía a sus víctimas a que si las golpeaba dijeran que no, que se habían caído de una moto».
En algunos de los hechos investigados, Palacios desistió de sostener la acusación por el delito de privación ilegítima de la libertad. Consideró que durante el debate oral no se reunieron pruebas suficientes para acreditar esa conducta. La fiscal pidió una condena de 25 años de prisión.
El pedido de la defensa antes de la condena por abusos y violencia
El defensor Esteban Sala solicitó al tribunal que, en caso de dictar una condena, se tuvieran en cuenta circunstancias atenuantes para fijar una pena «justa y proporcional». Mencionó la falta de antecedentes penales del acusado y el testimonio de su madre sobre su historia de vida y sus problemas de adicción.
Sala argumentó que el relato de la progenitora «resulta más que contundente y suficiente para graficar la situación que la misma ha pasado como madre». Consideró que debía valorarse como atenuante.
El abogado también remarcó que la mayoría de los delitos atribuidos están alcanzados por el artículo 56 bis de la Ley 24.660, lo que impediría al acusado acceder a beneficios durante el cumplimiento de una eventual condena. Según su argumento, esa situación «cuestiona claramente» la finalidad de reinserción social prevista en el sistema penitenciario.
Sala calificó como «desproporcionado» el pedido de 25 años de prisión de la fiscalía. Solicitó la absolución de Andrada en algunos casos por el beneficio de la duda. También pidió que, de declararse responsabilidad penal, la pena se ubicara «en relación a los mínimos legales de los tipos en cuestión». Además dejó planteada la reserva del caso federal para recurrir ante tribunales superiores.
