El gobierno de Córdoba resolvió cobrar los operativos de seguridad a los padres o tutores de alumnos que realicen falsas amenazas de tiroteos en escuelas. La medida fue confirmada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en el marco de una serie de intimidaciones registradas en distintas provincias tras un episodio ocurrido en Santa Fe. La decisión apunta a desalentar este tipo de conductas y reducir el impacto económico en el Estado.
Córdoba endurece sanciones por amenazas escolares
El Ministerio de Seguridad provincial implementará un esquema de cobro a las familias de menores que difundan amenazas, incluso cuando se trate de mensajes falsos. Según explicó Quinteros, el objetivo es que los responsables asuman el costo de los recursos policiales desplegados en cada intervención.
El funcionario remarcó que este tipo de hechos no deben ser minimizados. Señaló que se trata de delitos tipificados en el Código Penal bajo la figura de amenazas calificadas, especialmente cuando se realizan de forma anónima.
Más de 20 adolescentes imputados
Desde el inicio de la ola de intimidaciones, la Justicia ya imputó a 26 adolescentes en la provincia. Las causas incluyen tanto a menores punibles como a quienes no alcanzan la edad para recibir condena.
En los casos de jóvenes entre 16 y 18 años, se formaliza la imputación aunque no siempre derive en sanción penal. Para quienes sí son imputables, se inicia el proceso judicial correspondiente.
Cómo se calcularán los costos
El monto a pagar no será uniforme. Las autoridades indicaron que variará según la magnitud del operativo realizado. No tendrá el mismo costo una vigilancia preventiva en la puerta de una escuela que un despliegue con unidades especiales ante una supuesta amenaza de explosivos.
La Policía de Córdoba será la encargada de cuantificar los recursos humanos y materiales utilizados en cada caso para luego exigir el pago a los responsables legales. Desde el gobierno sostienen que esta política busca evitar que estos gastos recaigan sobre el conjunto de los contribuyentes.
Un fenómeno que se replica en el país
La medida se da en un contexto de creciente preocupación por amenazas escolares en distintas provincias, entre ellas Buenos Aires y San Luis. Según las autoridades, estos episodios comenzaron a multiplicarse luego de un hecho ocurrido en la ciudad santafesina de San Cristóbal.
Córdoba adoptó así una estrategia similar a la de Santa Fe, donde también se dispuso trasladar los costos de los operativos a los adultos responsables.
El rol de las familias
Quinteros hizo énfasis en la responsabilidad de los padres en el control del uso de dispositivos móviles. Advirtió que muchas de estas amenazas se originan en redes sociales o mensajes enviados desde teléfonos celulares.
El funcionario consideró que el entorno familiar es clave para prevenir estas conductas y pidió mayor supervisión sobre las actividades digitales de los menores.
