La causa por la muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia suma nuevas declaraciones clave. El abogado querellante Roberto Castillo aseguró que existen pruebas contundentes contra los dos detenidos, la madre del niño y su padrastro, y anticipó que solicitará prisión perpetua por homicidio agravado. La audiencia de control de detención está prevista para este martes.
Avance de la investigación
Castillo afirmó haber accedido al informe forense, el cual —según su análisis— respalda la hipótesis de un crimen en un contexto de violencia sostenida. El letrado sostuvo que el niño habría sido víctima de agresiones reiteradas y que ambos imputados tienen responsabilidad penal.
De acuerdo a su planteo, el padrastro sería quien habría provocado las lesiones directas, mientras que la madre tendría una participación como coautora, incluso por omisión. “Hay elementos suficientes para sostener que le dieron muerte”, señaló.
Pedido de prisión perpetua
El querellante adelantó que impulsará la imputación por homicidio agravado con alevosía, figura que contempla la pena máxima en el Código Penal argentino.
Además, remarcó que ambos acusados deben permanecer detenidos hasta el juicio. En ese sentido, fue categórico al exigir una condena ejemplar y cuestionó la posibilidad de cualquier medida alternativa a la prisión preventiva.
Cuestionamientos a la Justicia
Uno de los puntos más sensibles de sus declaraciones fue la crítica al accionar judicial previo al crimen. Castillo denunció presuntas irregularidades en el desempeño de organismos judiciales y auxiliares.
Según indicó, decisiones tomadas por el Juzgado de Familia habrían sido determinantes en el desenlace del caso. El abogado aseguró que el niño fue apartado de su entorno afectivo y entregado a quienes hoy están acusados de su muerte.
También mencionó la posibilidad de promover acciones legales contra funcionarios judiciales por presunta negligencia.
Disputa por la tenencia y denuncias
En relación al contexto familiar, el letrado explicó que existían antecedentes de conflictos por la tenencia del menor. Señaló que la madre biológica habría realizado denuncias reiteradas contra el padre del niño, las cuales —según afirmó— no pudieron ser comprobadas.
Asimismo, sostuvo que una serie de presentaciones judiciales derivaron en la modificación del régimen de cuidado, lo que terminó con el niño bajo la custodia de su madre poco tiempo antes del hecho.
Señales de alerta previas
Otro dato relevante surge de informes escolares. Docentes del jardín habrían advertido cambios en la conducta de Ángel durante las últimas semanas, coincidiendo con el cambio de custodia.
De acuerdo a esos registros, el niño pasó de ser participativo y alegre a mostrarse retraído y desmotivado, señales que —según el abogado— no fueron debidamente atendidas por las autoridades.
Rol de la fiscalía
Castillo destacó el trabajo actual del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Facundo Oribones y Cristian Olazábal. Valoró las medidas adoptadas, como allanamientos y recolección de testimonios, que permitieron consolidar la acusación.
