Los magistrados que analizan el accionar de los ejecutivos de Vicentin consideraron que hay indicios de responsabilidad en las maniobras que se les atribuyen. Según la investigación, habrían drenado fondos de la compañía en beneficio propio durante la etapa posterior al concurso de acreedores.
Acusaciones y medidas judiciales
El tribunal determinó que los cuatro ejecutivos detenidos en la audiencia son jefes de una asociación ilícita, que mantuvieron el control operativo de la agroexportadora y sus empresas vinculadas, y que escamotearon activos en perjuicio de miles de acreedores.
«Los imputados ejercen el control de facto de la empresa», sostuvo el juez Nicolás Foppiani, quien señaló que Roberto Gazze, Omar Scarel, Daniel Buyatti y Alberto Macua lideraban una «conducción en las sombras» de la compañía. El magistrado indicó que desviaron 890 millones de pesos en casi cinco años, lo que llevó al tribunal, junto a los jueces Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy, a dictarles prisión preventiva efectiva por cuatro meses. Permanecerán en una cárcel hasta el 29 de julio, cuando se defina la fecha del juicio.
Fundamentos de la prisión preventiva
La decisión se basa en tres factores clave:
- Pena en expectativa: las condenas solicitadas por los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja oscilan entre 14 y 17 años de prisión, lo que implica cumplimiento efectivo en caso de condena.
- Riesgo de fuga: la gravedad de los delitos y la estructura de la organización permiten presumir peligro de evasión.
- Entorpecimiento de la investigación: la permanencia en libertad podría afectar el curso del proceso judicial.
Maniobras denunciadas
Los fiscales sostienen que el grupo directivo, compuesto por 15 personas, mantuvo maniobras de administración infiel desde diciembre de 2019, cuando Vicentin declaró el default, hasta finales de 2024. Se desviaron fondos de empresas como Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Algodonera Avellaneda y Sottano, afectando su patrimonio.
Los jueces también consideraron probado que los ejecutivos usaron dinero de la empresa para gastos personales, incluyendo el pago de honorarios a sus abogados y la creación de una sociedad para vender una avioneta Cessna y evitar su confiscación.
«El caso del avión es un ejemplo paradigmático de cómo intentaron ocultar activos», señaló Foppiani. Aunque su valor era mínimo dentro del holding, para los productores perjudicados, lejos estaba de ser insignificante.
Defensa y controversias
El director de Vicentin, Estanislao Bougain, intentó diferenciar las operaciones de la empresa antes y después del concurso. Alegó que Buyatti, Scarel y Macua eran esenciales para el funcionamiento actual de la agroexportadora y negó que se hubieran usado fondos de la firma para pagar honorarios y fianzas.
Alberto Macua, uno de los directivos detenidos, sostuvo: «No cometí delito alguno» y aseguró que las fianzas pagadas fueron devueltas a la empresa.
El impacto del caso Vicentin
Vicentin declaró su default en 2019, acumulando una deuda concursal de 1.340 millones de dólares, la mayor cesación de pagos en la historia argentina. Miles de productores quedaron sin cobrar por los granos entregados.
El juez Foppiani subrayó que «el principio de la realidad económica es más importante que el ropaje jurídico utilizado para ocultar el movimiento de bienes» y afirmó que los imputados siguieron manejando la empresa desde las sombras.
Las audiencias, que duraron tres jornadas, culminaron con una decisión poco habitual para ejecutivos de alto rango: prisión preventiva efectiva por cuatro meses.
Con información de La Política Online
