Este lunes, IMPSA, la histórica empresa metalmecánica de Mendoza, despidió a un grupo de empleados tras su reciente privatización. Mientras la compañía justifica la decisión por «baja productividad», los trabajadores afectados denuncian un ajuste impulsado por los nuevos dueños.
De acuerdo con fuentes oficiales de IMPSA, los despidos corresponden a «casos puntuales» de bajo rendimiento, un proceso habitual en empresas privadas. Sin embargo, los trabajadores afirman que al menos 20 empleados fueron notificados y acusan a la firma de realizar un recorte sin justificación real.
Los operarios despedidos relataron que fueron llamados en tandas a Recursos Humanos, donde se les informó que recibirían el telegrama de despido en el transcurso de la semana. En el documento entregado se indica que la desvinculación es «con causa», lo que significa que no percibirán indemnización.
Uno de los afectados, con 17 años en la empresa, aseguró que nunca tuvo problemas laborales y que la decisión fue tomada por los «altos mandos» sin previa evaluación de desempeño. Además, adelantó que todos los despedidos iniciarán acciones legales contra IMPSA.
La compañía atraviesa dificultades económicas desde hace años. En 2021, el Gobierno Nacional y Provincial intervinieron para evitar su quiebra. No obstante, la deuda de la empresa siguió aumentando, alcanzando los 500 millones de dólares, según informó el gobernador Alfredo Cornejo.
El proceso de privatización culminó el 11 de febrero con la venta a Arc Energy, una firma estadounidense que se comprometió a reestructurar la compañía. Sin embargo, los trabajadores alegan que no hubo tiempo suficiente para una auditoría real antes de ejecutar los despidos.
En diciembre pasado, los empleados de IMPSA realizaron un paro debido a la falta de pago de sus salarios, lo que reflejaba la grave crisis financiera de la empresa.
Desde la dirección de IMPSA insisten en que las desvinculaciones responden a criterios de productividad y forman parte del proceso normal de una empresa privada. Sin embargo, los afectados sostienen que se trata de una estrategia de ajuste de costos tras la compra por Arc Energy.
El conflicto podría escalar en los próximos días, ya que los despedidos se preparan para accionar judicialmente contra la compañía. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los empleados que aún conservan sus puestos, ante el temor de nuevos recortes.
