Este martes, la Cámara de Diputados comenzará el debate en comisión sobre el proyecto oficial para reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años en Argentina. La iniciativa busca establecer un nuevo régimen sancionatorio para menores y cuenta con respaldo parcial del arco legislativo, aunque genera un amplio rechazo de sectores políticos, religiosos y de derechos humanos.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados fue convocada para este martes a las 16:00 con el objetivo de avanzar en el tratamiento del proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. El oficialismo pretende emitir dictamen esta semana y llevar el debate al recinto antes de que finalice mayo.
El proyecto forma parte de la agenda impulsada por el Gobierno nacional y cuenta con el acompañamiento de bloques dialoguistas como el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y parte de Encuentro Federal. En contraposición, Unión por la Patria (UxP), la izquierda y organizaciones de derechos humanos ya manifestaron su rechazo.
La reforma despierta posiciones encontradas dentro y fuera del Congreso. Uno de los últimos en sumarse al rechazo fue el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, presidente de la Comisión de Pastoral Social, quien advirtió: “Encerrar a un chico no soluciona el problema de fondo”.
Desde sectores sociales y organismos de derechos humanos también expresaron su preocupación por el impacto que una baja en la edad de imputabilidad podría tener en la vida de los adolescentes en situación de vulnerabilidad.
El proyecto establece que los menores de 14 a 17 años no podrán recibir condenas a prisión perpetua. En su lugar, la pena máxima será de 20 años, incluso cuando se trate de múltiples delitos graves.
Se contempla la incorporación de medidas alternativas orientadas a la resocialización del joven, como:
- Programas educativos, deportivos y de formación ciudadana
- Tratamientos médicos especializados
- Acompañamiento de un “supervisor” durante el proceso de reinserción
El texto también habilita la revisión judicial de la condena cumplidos los dos tercios de la pena, y la posibilidad de continuarla en el domicilio del menor o en institutos abiertos.
Medidas no privativas de libertad
Para los casos de delitos menos graves, el proyecto prevé sanciones que eviten el encarcelamiento, como:
- Prohibición de acercarse a la víctima
- Prestación de servicios comunitarios
- Monitoreo electrónico o comunitario
- Reparación del daño causado
Estas herramientas buscan reducir el nivel de reincidencia y generar un enfoque más restaurativo en el tratamiento penal de los menores.
