El Gobierno anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), espacios multidisciplinarios de atención legal primaria gratuita que asisten a poblaciones de bajos recursos y dificultad para el acceso a derechos. Según el Ministerio de Justicia, esas oficinas «brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias». Desde la Asociación de Empleados del Estado (ATE) advirtieron que la medida implica 400 despidos.
«El Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones. Éstos le costaban a los argentinos más de $8 mil millones por año, algo que en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más. Este Gobierno cuida el dinero de los contribuyentes», expresó en un comunicado la cartera que dirige Mariano Cúneo Libarona.
«Todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos. Por lo tanto, es injustificable la financiación de más oficinas, más empleados, y más recursos dedicados a la misma función«, concluye el texto.
El pasado viernes, Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza y Delegada de ATE de la Secretaría de Justicia, comentó: «Estamos en situación de alerta por los inminentes despidos en los CAJ que están distribuidos en todo el país por una resolución de la que nos notificamos hoy y que tiene como objetivo un proceso de reorganización y vaciamiento, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables, pero también para toda la sociedad«.
«En la Secretaría de Justicia ya tenemos, hasta el momento, 270 despidos desde el mes de diciembre. Ahora, con estas resoluciones, existe el peligro de que tengamos 400 despidos más«, añadió.
Los CAJ son 105 en todo el país, ubicados en todas las provincias, en barrios vulnerables, de alta densidad poblacional. «Están compuestos por equipos interdisciplinarios de abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, mediadores comunitarios y personales administrativo en dónde se realizan abordajes Integrales de las problemáticas jurídico-psicosociales, garantizando una escucha transversal e interdisciplinaria, en donde siempre hay uno o más derechos insatisfechos», explicaron desde ATE.
Fuente: C5n
