El Gobierno argentino inició procedimientos legales sancionatorios contra 45 empresas y personas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización oficial.
La medida, impulsada por la Cancillería, alcanza a compañías con licencias locales, accionistas, altos ejecutivos y proveedores de servicios relacionados con la actividad petrolera. Entre los involucrados figuran actores de países como Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Sudáfrica y Kazajistán.
El foco principal de las sanciones está puesto en Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, empresas que encabezan el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
También fueron notificadas Borders & Southern Falkland Islands Limited y JHI Associates, además de compañías vinculadas con servicios e infraestructura técnica, entre ellas Noble Corporation, NSAI y Fugro.
El proyecto Sea Lion
Navitas Petroleum posee el 65% del proyecto Sea Lion, mientras que Rockhopper Exploration mantiene la participación restante. A fines de 2025, ambas compañías aprobaron una inversión de 1.800 millones de dólares para la primera etapa del desarrollo del yacimiento.
Según las estimaciones de las empresas, el proyecto podría alcanzar una producción de 55.000 barriles de petróleo diarios a partir de 2028.
Navitas calcula que el área contiene 216 millones de barriles de reservas probadas y probables, mientras que los recursos totales alcanzarían los 603 millones de barriles.
El Gobierno argentino rechaza la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas por considerar que se desarrolla sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa y sostiene que las actividades realizadas sin autorización argentina son ilegítimas.
