El Gobierno de Javier Milei profundizó durante 2026 el recorte de recursos destinados a la obra pública. Entre enero y julio, el gasto de capital cayó 10% en términos reales y las transferencias para infraestructura a las provincias se redujeron 52% frente al mismo período de 2025. En paralelo, Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis concentraron el 70% de esos fondos.
La obra pública perdió peso dentro del gasto nacional
La reducción de la inversión en infraestructura forma parte de la política de ajuste implementada por el Gobierno desde el inicio de la gestión de Milei.
De acuerdo con un informe de la consultora LCG, el gasto de capital pasó de representar el 7,5% del gasto primario entre 2021 y 2023 al 2,5% durante los últimos dos años. En relación con el Producto Bruto Interno, la participación cayó hasta el 0,4%.
La tendencia continuó durante 2026. En los primeros siete meses del año, el gasto de capital acumuló una baja real del 10%.
Además, de los 1241 proyectos que permanecían activos, solamente el 35% registró pagos entre enero y julio. El monto devengado alcanzó los $0,7 billones, equivalente al 26% del crédito vigente.
Cuatro provincias concentraron la mayor parte de los fondos
El reparto de las transferencias de capital mostró fuertes diferencias entre las jurisdicciones.
Entre enero y julio, Nación transfirió $0,5 billones a las provincias para financiar obras. La cifra representa una disminución real del 52% respecto del mismo período de 2025.
Sin embargo, el dinero no se distribuyó de manera uniforme. Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis recibieron en conjunto el 70% de los recursos transferidos.
Según el informe, las cuatro provincias tienen gobernadores considerados dialoguistas por la administración nacional.
En el extremo contrario, Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan, Chubut, Córdoba y Misiones no recibieron fondos mediante esta modalidad durante el período analizado.
Catamarca quedó muy por encima del promedio
La diferencia también aparece al analizar los recursos por habitante. Catamarca recibió fondos equivalentes a más de 23 veces el promedio provincial, según el reporte de LCG.
Los destinos también fueron diferentes según cada jurisdicción. Tucumán recibió recursos para obras vinculadas al transporte de energía eléctrica y para la repavimentación de la Ruta Nacional 7, con unos $11.682 millones asignados.
Catamarca y Salta concentraron recursos destinados a infraestructura de agua potable y alcantarillado, mientras que San Luis recibió fondos para proyectos de vivienda.
Transporte concentra la inversión nacional
La obra pública ejecutada directamente por el Estado nacional también registró una fuerte contracción.
Desde enero, la inversión acumula un recorte real del 38%. Dentro de ese esquema, Transporte concentró el 43% de la ejecución total y se mantuvo como el principal destino de los recursos.
Uno de los programas con mayor nivel de inversión fue Mantenimiento y Atención de Emergencias en Rutas Varias. Durante los primeros siete meses devengó $24.100 millones y alcanzó una ejecución del 42%, aunque registró una caída real interanual del 28%.
Buenos Aires encabezó la distribución de fondos destinados a Transporte, con $29.693 millones, equivalentes al 19% del total del área.
El Gobierno busca reemplazar la obra pública tradicional
El ajuste de los recursos nacionales también impulsa un cambio en el modelo de financiamiento de la infraestructura.
La administración de Milei avanza con el traspaso de determinadas funciones sobre rutas nacionales hacia las provincias y con un esquema de concesiones privadas.
Santa Fe, San Juan, San Luis y Río Negro ya firmaron acuerdos para avanzar en ese proceso, mientras que Córdoba, Neuquén y Corrientes mantienen negociaciones. Tucumán, en cambio, rechazó el esquema.
El Gobierno habilitó este mecanismo mediante el Decreto 253, que permite a determinadas provincias otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales ubicados dentro de sus territorios.
La titularidad de las rutas continúa en manos del Estado nacional. Las provincias pueden asumir tareas de administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento si alcanzan acuerdos con la Dirección Nacional de Vialidad y cuentan con la aprobación de la Secretaría de Transporte.
Una nueva estrategia para financiar infraestructura
El esquema también contempla la participación del sector privado mediante la Red Federal de Concesiones.
El objetivo oficial apunta a transferir la operación, mantenimiento e inversiones de más de 9000 kilómetros de rutas nacionales a empresas privadas mediante concesiones con peaje.
De esta manera, el Gobierno busca modificar el modelo que durante años tuvo a Nación como principal financista de las obras de infraestructura. La nueva estrategia combina menor inversión directa del Estado, participación privada y una mayor intervención de las provincias.
El escenario plantea un cambio profundo en la política de obra pública: mientras el Gobierno sostiene el ajuste del gasto, las provincias deberán asumir un papel cada vez mayor en el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura, ya sea mediante recursos propios o a través de acuerdos con privados.
