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El Procurador habilitó el avance de la demanda de radicales contra la reforma constitucional

Eduardo Sebastián Cadelago Filippi, procurador general de la provincia

El procurador general de San Luis, Eduardo Sebastián Cadelago Filippi, consideró que la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que habilitó la reforma parcial de la Constitución provincial cumple los requisitos formales para ser tratada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Sin embargo, dictaminó que debe rechazarse la medida cautelar que busca frenar la aplicación de algunos artículos de esa norma.

El pronunciamiento corresponde a la causa iniciada por José Luis Riccardo, Daniel Atilio Mariani y otros dirigentes de la Unión Cívica Radical. Los radicales cuestionaron distintos puntos de la Ley XIII-1213-2026, sancionada en septiembre. El dictamen lleva la firma digital de Cadelago Filippi y la fecha de 11 de noviembre.

En su análisis, el procurador sostuvo que el Superior Tribunal tiene competencia originaria para intervenir en este tipo de demandas y que la presentación fue realizada dentro de los requisitos previstos por el Código Procesal Civil y Comercial. Por eso, consideró que la acción es «formalmente procedente».

Esto no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la reforma ni sobre los argumentos de los demandantes. Se trata de una evaluación de admisibilidad: el procurador entiende que la causa puede avanzar y que el tribunal debe analizar el planteo.

Qué cuestionan de la ley de reforma

La demanda apunta contra tres aspectos de la norma que declaró la necesidad de una reforma parcial de la Constitución provincial.

El primero es la posibilidad de que la futura Convención Constituyente incorpore una cláusula transitoria para prorrogar hasta 2031 los mandatos de diputados, senadores y concejales elegidos en 2025, sin convocar a nuevas elecciones para esos cargos.

Los demandantes sostienen que esa extensión afecta el principio de periodicidad de los mandatos y cuestionan que los propios legisladores que podrían beneficiarse con la medida hayan participado en la aprobación de la ley que habilita esa posibilidad.

El segundo planteo se refiere al plazo de funcionamiento de la Convención Constituyente. La ley establece que deberá comenzar a trabajar dentro de los 30 días posteriores a la proclamación de los convencionales y completar su cometido en 60 días, con una prórroga posible de otros 30. Los demandantes consideran que esa disposición invade una atribución que la Constitución provincial reserva a la propia Convención.

El tercer cuestionamiento apunta al artículo 6, que establece que los convencionales se elegirán en la próxima elección provincial general. La demanda sostiene que la Constitución exige una elección especialmente convocada para ese fin.

Los demandantes también solicitaron que, si esos puntos no pueden separarse del resto de la norma, se declare la inconstitucionalidad de toda la ley.

Por qué el procurador pidió rechazar la cautelar

En cuanto a la medida cautelar, Cadelago Filippi sostuvo que no corresponde hacer lugar al pedido de suspensión. Los demandantes solicitaron que la Provincia se abstenga de realizar actos de convocatoria, instrumentación o aplicación de las disposiciones que habilitan la prórroga de mandatos y fijan los plazos de funcionamiento de la Convención, hasta que exista una sentencia definitiva.

Para el procurador, la cautelar tiene una coincidencia sustancial con el objeto de la demanda principal. En otras palabras, suspender esas disposiciones produciría, en los hechos, un efecto similar al que los demandantes buscan obtener con una sentencia favorable.

El dictamen advierte que conceder esa medida dejaría sin efecto, de manera provisoria, parte de la Ley XIII-1213-2026, cuya validez es precisamente el tema que debe resolver el proceso judicial.

También consideró que la discusión sobre la compatibilidad de la reforma con la Constitución provincial requiere un análisis más amplio que el permitido en una medida cautelar, con el debate y el examen propios de una sentencia sobre el fondo.

Por esos motivos, el procurador concluyó que la demanda es formalmente procedente, pero que no están reunidos los requisitos para conceder la medida cautelar y recomendó rechazarla.


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