El Superior Tribunal de Justicia (STJ) envió una al gobernador Claudio Poggi para solicitar “que fije y lleve a cabo la audiencia acordada en reuniones anteriores, a los fines de tratar y definir soluciones concretas a la recomposición salarial, recursos humanos e infraestructura de los tribunales, para garantizar una adecuada prestación del servicio de justicia”.
En la misiva, el STJ expresó que es “de urgente necesidad contar con una actualización de las partidas presupuestarias asignadas al Poder Judicial de San Luis, facultad que es propia del Poder Ejecutivo prevista en el ordenamiento jurídico vigente, sin necesidad del dictado de una nueva ley durante el correspondiente año”.
En este sentido, solicitó al Poder Ejecutivo provincial dar “una pronta solución al reclamo planteado por el Sindicato Judiciales Puntanos como así también por los Colegios de Magistrados y Funcionarios -el cual acompañan- ante la falta de aumentos salariales desde noviembre de 2023, afrontando un proceso inflacionario del 106,56%, que coloca a la Justicia de San Luis dentro de las tres poderes judiciales del país con los haberes más bajos, según lo informado por la Federación Argentina de Magistrados”.
Las causas judiciales han aumentado de manera exponencial, y que las mismas son llevadas adelante por un número de personas “que no alcanza ni a la mitad de trabajadores que componen los poderes judiciales de provincias de similares características estructurales y demográficas.”
En otro de los aspectos reclamados, el Poder Judicial de San Luis cuenta con una planta de 1323 agentes, cuando la misma está prevista -en el presupuesto 2023- en 1440 y 1560 para el corriente ejercicio. En este sentido, el STJ consideró que es necesaria la inmediata cobertura de las vacantes previstas en los próximos meses (120 personas entre empleados, funcionarios y magistrados).
Sobre la Infraestructura necesaria para mejorar el funcionamiento judicial, requirió la incorporación de nuevos espacios físicos para el desarrollo de los distintos organismos judiciales en la ciudad de San Luis, ya que la disponibilidad edilicia actual no permite trabajar con los mínimos requerimientos funcionales -tanto de empleados como de los justiciables que asisten- realzando dicha problemática en las actuales instalaciones donde funciona la Unidad de Abordaje Fiscal.
La solicitud lleva la firma del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Allende, y los ministros Carolina Monte Riso, Cecilia Chada, José Guillermo L’huillier y Jorge Levingston.
