Es ley el nuevo Régimen Procesal Penal Juvenil para adolescentes desde los 14 años
La Cámara de Senadores convirtió en ley el nuevo Régimen Procesal Penal Juvenil, una iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi que modifica el Código Procesal Penal provincial y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia.
La normativa adapta el sistema judicial a la Ley Nacional 27.801, que estableció la edad de imputabilidad penal a partir de los 14 años. Además, incorpora procedimientos específicos para adolescentes en conflicto con la ley penal y garantías acordes con su edad y grado de desarrollo.
Qué establece el nuevo Régimen Procesal Penal Juvenil
La ley establece la intervención de jueces con competencia penal juvenil en hechos cometidos por personas desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18.
Entre sus principales disposiciones, incorpora los principios de especialidad, proporcionalidad y mínima intervención. También determina que la privación de la libertad debe aplicarse de manera excepcional y como último recurso.
En ese sentido, el régimen contempla alternativas al encarcelamiento, como la mediación penal juvenil, la suspensión del proceso a prueba, el criterio de oportunidad y el juicio abreviado.
Asimismo, prevé medidas socioeducativas y reparadoras, entre ellas amonestaciones, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico y reparación del daño causado a las víctimas.
En los casos en que la Justicia disponga una medida privativa de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados, separados de las personas adultas y bajo la supervisión de personal capacitado.
La normativa también establece garantías para asegurar la continuidad educativa y promover la reintegración social de los jóvenes.
Cámara Gesell y protección de las víctimas
Otro de los ejes del nuevo Régimen Procesal Penal Juvenil es la protección de niños, niñas y adolescentes durante las declaraciones judiciales. Para ello, la ley regula el uso de la cámara Gesell, con intervención de profesionales especializados para evitar situaciones de revictimización.
Además, incorpora mecanismos específicos para víctimas mayores de edad que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. En estos casos, se realizarán evaluaciones técnicas para determinar las modalidades de declaración más adecuadas.
La legislación también exige la capacitación especializada de jueces, fiscales y defensores que participen en los procesos penales juveniles.




